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Por Javier Preciado Patiño.- Después de varios años de que el Poder Ejecutivo (primero el kirchnerismo y ahora Cambiemos) amaga con una nueva ley de semillas, el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería de la cámara Diputados, el renovador Gilberto Alegre se decidió a lanzar su propio proyecto, cuyos puntos salientes son el uso propio gratuito solo para los pequeños agricultores registrados (el resto paga por la reserva, limitada a la cantidad comprada originalmente), la legalización de la regalía extendida con un tope impuesto por ley, la posibilidad de aplicar la regalía global, un sistema de registro de usuarios de semillas y el control cruzado con la Afip para darle enforcement a la norma.
 
En su despacho, Javier Preciado Patiño dialogó con el legislador in extenso sobre su proyecto, tanto desde el punto de vista técnico como político.
 
 
-¿Por qué te surge ingresar un proyecto sobre semillas?
 
-Porque se alcanzó un alto nivel de conflictividad en el comercio de semillas, tensión que se eliminaría con una nueva ley. Es claro que el problema surge por ausencia del Estado y este proyecto es para que el Estado ocupe ese lugar.
 
 
-Supongamos que ya se estuviera debatiendo el proyecto y alguien te planteara si realmente con esta ley se resuelve la situación del que aporta la biotecnología al germoplasma. ¿Cuál es la respuesta?
 
-El proyecto genera cuatro direcciones y una es el derecho a los eventos y las innovaciones vegetales y quiénes son sus propietarios. De ahí en más es facultad (del Poder Ejecutivo) al reglamentarla, establecer cuál es el valor de cada uno de los eventos. Es decir, nosotros damos una ley marco que define cuáles son los derechos de cada parte. Luego los privados se pondrán de acuerdo entre ellos por el valor del evento y eso es su propia facultad.
 
 
-La pregunta es si alguien podría argumentar que su evento se cobra bajo el marco de la Ley de Patentes en vez de la Ley de Semillas.
 
-Esta ley reglamenta el mundo de las semillas. Cuando uno va a trabajar con semillas tiene que tener en claro que el marco legal es este. Puede tener una patente, pero eso no implica que no trabaje sobre la semilla y que para eso está esta ley.
 
 
-¿Cómo se trabajó el proyecto?
 
-Tengo un equipo que trabajó en esto durante bastante tiempo y que partió de la base del proyecto del 2012, que fue bastante acordado. Nos reunimos con entidades relacionadas, escuchamos sus opiniones y de ahí se conformó el proyecto.
 
 
-¿Qué grado de consenso tiene el proyecto dentro del Frente Renovador?
 
-Supongo que es amplio; por alguna razón me pusieron al frente de la comisión de Agricultura. Creo que no va a tener discusión, lo que no quiere decir que haya opiniones en temas puntuales y que va a surgir durante el debate.
 
 
-¿Quién más firma el proyecto?
 
-La diputada entrerriana Cremer de Busti. Tengo entendido que iba a adherir (Horacio) Alonso y Felipe (Solá).
 
 
-En su momento, dirigentes ruralistas se acercaron a la campaña de Sergio Massa, por ejemplo desde la Federación Agraria, que en principio se los podría suponer críticos al proyecto.
 
-A mi me gustaría que si son “bastante críticos” nos sentáramos a charlar, a ver si encontramos puntos de conciliación. Yo lo llamé y le remití el proyecto a Jorge Solmi (dirigente de FAA y ex diputado provincial) y no tuve ninguna devolución. Escuché que dicen que está disconforme, pero me gustaría saber por qué. Nosotros reconocemos al productor exceptuado, que por su escala accede al uso propio gratuito. Para eso se crea el registro de usuarios. Nosotros apuntamos a todos los que tienen una producción agropecuaria importante y no están pagando a los investigadores. Recordemos que en la Argentina hay unos 160 obtentores, de los cuales más de 100 son argentinos, y nosotros con el pretexto de que nos estamos peleando con Monsanto, lo único que hacemos es perjudicar al desarrollo nacional. Por eso el proyecto incluye un artículo por el cual se retiene un porcentaje de las regalías para la investigación, por ejemplo para las zonas marginales, donde a las multinacionales no les interesa.
 
 
-Si no entendí mal el valor de la regalía lo fija la autoridad de aplicación, es decir el Inase, pero le pone un tope que es el 0,7% del valor del quintal del grano  por kilo de semilla guardada para resiembra. ¿Por qué ese valor?
 
-Lo estimamos después de una serie de cálculos y nos pareció que es el lógico y razonable para el derecho del investigador. Se planteó que la investigación y la tecnología no puede tener un tope; pero nosotros decimos que estamos trabajando sobre un elemento muy crítico como son los alimentos. Entonces tiene que haber una regulación.
 
 
-¿No te hubiera convenido dejar ese porcentaje para la reglamentación o que lo establezca la autoridad de aplicación?
 
-Sí. Estamos dispuestos a discutirlo cuando se trate el proyecto y a aceptar el argumento más lógico. Lo que hay que tener en claro es que hay que proteger a los productores de los abusos que se pueden cometer cuando no hay reglamentación alguna. Entendemos que ponerle un tope es una facultad legislativa. Pero bueno, se discutirá eso.
 
 
–Con una soja de $400 el quintal daría unos 11 dólares por hectárea para el uso propio.
 
-Sí, nosotros habíamos calculado eso, unos 11 o 12 dólares.
 
-Y eso hay que repartirlo entre el obtentor del germoplasma, el proveedor del evento, etcétera.
-Ese es un tema reglamentario, que lo establecerá el Ejecutivo, tu semilla vale tanto, tu evento vale tanto, y así. Lo que hacemos es poner un tope.
 
 
-¿Por qué introducen el tema de la regalía global?
 
-Más que nada por el trigo, teniendo en cuenta la experiencia de Francia. No soy muy partidario de la regalía global, porque frena mucho la investigación, pero bueno, en otros países funciona y al margen de mi opinión puede ser una herramienta más.
 
 
-¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? ¿Qué pensás que va a hacer el Ejecutivo?
 
-No sé. Pero para que funcione este u otro proyecto tiene que participar el Ejecutivo. Si no, no hay ley. Eso lo tengo claro. Lo que sería bueno es apurar el debate. Mi idea es aportar a la solución de un conflicto que es evidente.
 
 
-¿Cómo es la hoja de ruta del proyecto?
 
-Es día a día. Sabemos que puede tener muchas complicaciones pero que es absolutamente necesario porque no es un tema solamente local. La Argentina produce alimentos para diez veces más que su población, damos de comer a 400 millones de personas, entonces nos tenemos que adaptar a las leyes internacionales. Si queremos alimentar al mundo no podemos vivir pirateando patentes. Ordenemos todo esto. No hay salida si no. Hay desarrollos que no los quieren traer a la Argentina porque no pagamos las regalías.
 
 
-Sin ir más lejos, el lanzamiento de las acciones de Bioceres en el exterior se frenó por el escándalo de la Resolución 140 del ministerio de Agroindustria.
 
-Bioceres tiene un desarrollo fantástico con la soja resistente a sequía y no podemos trabajar con empresas que no tengan garantías de que sus inversiones van a tener una retribución económica.
 
 
-¿Quiénes pueden ser tus aliados en el Congreso para que haya una nueva ley de semillas?
 
-Tengo claro que tal cual no va a salir este proyecto; yo creo que el gobierno va a acompañar porque está obligado y tiene que encontrarle una salida, y además parte del Frente para la Victoria va a acompañar.
 
 
-¿Quién te llamó para decirte, “Gilberto, me encantó el proyecto, contá con mi apoyo”?
 
-Bueno, nadie me llamó para decirme que el proyecto es malo. En ese caso podríamos discutir y eso es saludable. Tampoco me llamaron para felicitarme, pero el proyecto está avanzando, entre dificultades, pero seguimos avanzando. Pasa que salir con un proyecto desde este lugar es complicado. Muchas organizaciones no se animan a salir porque no está el gobierno, y entonces hay que esperar la actitud que va a tomar. En buena hora que el Gobierno mande su ley.