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En su informe de la herencia K, el Gobierno de Mauricio Macri cuestiona el manejo que hizo la administración anterior del millonario fondo del tabaco, considera que el impacto del caso Botnia tuvo "efectos negativos" sobre el sector forestal en el país y denuncia que hubo subejecución en el fondo de emergencia agropecuaria.
 
Según describe la Casa Rosada en el capítulo dedicado a la Agroindustria, el Fondo Especial del Tabaco, financiado con un porcentaje de los impuestos que se cobran en los paquetes de cigarrillos y que distribuyó el año pasado entre programas de estímulo y a las provincias tabacaleras $ 3693,7 millones, "llevaba varios años sin cumplir sus objetivos y sirviendo a otros fines poco transparentes".
 
"Tampoco existía un sistema tecnológico coordinado que permitiera la correcta ejecución y control del fondo. La Coordinación del Tabaco tenía poca reacción ante el incumplimiento de las obligaciones de las provincias, y para hacer el seguimiento y evaluación de los proyectos aprobados. Esta falta de control interno es lo que permitió el potencial uso indebido de los fondos por muchos años", precisa el informe.
 
En cuanto al caso de la papelera Botnia (hoy UPM) que se instaló en Fray Bentos, Uruguay, y fue motivo de un largo conflicto con el vecino país, según el Gobierno afectó al sector forestal local.
 
"El sector forestal, por su parte, se vio comprometido por el manejo del caso Botnia, que tuvo efectos negativos importantes. En Entre Ríos, provincia con fuerte vocación forestal, dejó de plantarse. Desde el sector público provincial no hubo apoyo ni contención al sector. Por el contrario, el kirchnerismo legó la Ley de la Madera, que prohibía la exportación de rollizos a Uruguay por los puertos entrerrianos", indica el trabajo.
 
En esta línea, sostiene que "las inversiones fueron durante años a los países vecinos".
 
A todo esto, el trabajo cuestiona la situación del fondo de emergencia agropecuaria, que dispone de $ 500 millones. Al referirse a lo que ocurrió en 2014 y 2015 dice: "Sólo se ejecutó el 63% del fondo en 2015 y se había ejecutado todavía menos, el 42%, en 2014".
 
Además, remarca que "las rendiciones de cuentas de estos fondos fueron deficientes o inexistentes". De acuerdo al informe "si se hubiese transferido todo el dinero y auditado la ejecución de la ayuda, en diciembre de 2015 habría habido mejores herramientas para enfrentar las inundaciones de los meses siguientes".
 
Paradójicamente, pese a criticar a la gestión anterior por la subejecución del fondo de emergencia agropecuaria, el gobierno actual hasta ahora no hizo nada para elevar el monto de $ 500 millones, considerado insuficiente por los productores para atender la crisis por las últimas inundaciones en Santa Fe, Entre Ríos y parte de Córdoba.
 
El informe no hace referencia a la situación en el INTA o el Senasa, organismos descentralizados del Ministerio de Agroindustria.