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En los últimos años, el mercado de alquileres agrícolas se venía sincerando: la competencia se desarrollaba en el marco de valores razonables para todos los arrendatarios. Pero este año eso se acabó porque algunos grupos comenzaron a ofrecer valores más elevados para capturar superficie.
 
La situación cambió completamente de un año al otro. En 2015 sembrar era una cuestión de fe: la mayor parte de los márgenes proyectados daban pérdidas o rentabilidades insignificantes con los precios proyectados al inicio de campaña. En ese contexto, los valores de los alquileres, medidos en quintales por hectárea de soja, bajaron. Además, apareció una gran variedad de esquemas de pagos variables según rinde, precios e, incluso, según tipo de cambio.
 
Pero los esquemas cuyos pagos se encontraban atados al rinde final logrado (“tablitas”), si bien en general fueron beneficiosos para los propietarios en aquellas zonas en que registraron buenos rindes agrícolas, ahora comienzan a ser revisados ante la posibilidad de volver a rematar el campo al mejor postor, según indica un artículo publicado en el sitio de CREA.
 
Quienes hoy lideran el crecimiento de área por medio del pago de precios elevados de alquileres son todos grandes operadores agrícolas de renombre en el mercado (entre los cuales se incluyen las representaciones locales de algunas compañías globales). La demanda está focalizada en las zonas pampeanas que no registraron problemas de inundaciones.
 
En la zona núcleo, algunas empresas han logrado acordar o renegociar en marzo pasado arrendamientos en campos de buena calidad en un rango general de 16 a 18 qq/ha. Luego, con las lluvias torrenciales de abril, la atención estuvo focalizada en salvar la cosecha en curso. Y cuando se reiniciaron las negociaciones en mayo, los precios internacionales de la soja comenzaron a dispararse y con ellos las pretensiones de los propietarios de campos. En ese contexto, los nuevos acuerdos se validaron en un rango de 18 a 20 qq/ha de soja en un ambiente de altísima competencia.
 
“Muchos productores agrícolas están preocupados porque temen que con los alquileres se genere una nueva bola de nieve que termine perjudicando la sustentabilidad de las empresas”, indica Sebastián Villena, asesor del CREA Pergamino.
 
Con la zona núcleo súper demandada, grandes operadores comenzaron a buscar otras zonas para expandirse. En la zona oeste bonaerense –desde Lincoln hasta Pehuajó y 9 de Julio– campos que el año pasado se alquilaron en rangos de 10 a 12 qq/ha de soja, este año se renegociaron en 15 a 17 qq/ha. Ante la importante cantidad de ofertas recibidas, los propietarios de campos de buena calidad se tomaron su tiempo para elegir al arrendatario porque saben que ahora son ellos los que tienen la sartén por el mango.
 
En la zona de Trenque Lauquen (oeste arenoso), campos que el año pasado se arrendaron entre 4,5 y 7 qq/ha de soja, este año se renegociaron en un rango de 8 a 11 qq/ha, según la escala del campo, la calidad del suelo y la historia de manejo.
 
“Es un error estratégico aumentar costos frente a un ciclo con pronóstico La Niña, en que los riesgos se multiplican. Si se acepta convalidar aumentos desproporcionados de arrendamientos, adelante, pero que no haya quejas si luego se registran pérdidas igualmente desproporcionadas”, advierte Miguel García Fuentes, empresario integrante del CREA Monte Buey-Inriville.
 
La mayor parte de los grandes operadores tiene protocolizado como moneda de pago el valor de la soja de la campaña en curso (que este año corresponde al contrato Soja Rosario Mayo 2017 del Matba). Por lo general, los pagos contemplan tres o cuatro cuotas (por adelantado, en el transcurso del ciclo y en cosecha).
 
“El año pasado tuvimos una campaña muy mala, y si ahora, en lugar de recuperar lo perdido tenemos que comprometer recursos para sembrar la siguiente, entonces el sector va camino a asumir nuevamente niveles de riesgo que no se corresponden con la dinámica del negocio agrícola”, explica Santiago Carnero, del Grupo Velay.
 
Los modelos productivos ya no cuentan con la competitividad registrada durante el auge agrícola de la década pasada. Los costos son otros y también la recurrencia de los golpes climáticos (vale recordar que los principales centros climatológicos proyectan una fase Niña para el segundo semestre de este año).
 
“A la zona ya llegó el yuyo colorado y eso va a representar un costo adicional de control de malezas de al menos 35-40 u$s/ha”, indica Adrián Rovea, asesor del CREA Ascensión (Sur de Sante Fe). “Si a eso le sumamos alquileres elevados, el rinde de indiferencia de la soja de primera crecería hasta un nivel muy riesgoso para las empresas”, añade.
 
¿Por qué algunos volvieron a convalidar valores elevados de arrendamientos? ¿Están previendo una recuperación notable del negocio el año que viene? ¿O son parte de una cadena de valor más amplia? La respuesta, probablemente, sea una combinación de ambas. Aunque para evaluar cuán acertada (o no) fue esa estrategia habrá que esperar un año.
 
“En función de experiencias registradas durante la década pasada, en la cual se asumieron riesgos muy altos que, en algunos casos, no terminaron bien, al momento de negociar un arrendamiento es aconsejable –para todos los participantes del negocio– considerar que el precio es un factor entre muchos otros”, señala Miguel Buero, asesor del CREA Trenque Launquen II. “Un esquema adecuado de rotaciones, el cuidado del patrimonio suelo, la sostenibilidad de las empresas que asumen el riesgo y las buenas prácticas agrícolas también deberían ser tomados en cuenta”, añade.
 
La contracara de la presión de la demanda que ejercen los grandes operadores agrícolas es la competencia local de contratistas rurales que, al carecer de costos de estructura y no considerar el valor de la mano de obra –muchas veces familiar–, también a salen a pelear con fuerza en el mercado. Por ejemplo: un empresario agrícola que el año pasado pagó 14 qq/ha de soja por un buen campo de Chivilcoy y que este año pensaba renovar el acuerdo en 15,0 qq/ha, lo perdió a manos de un contratista que ofreció 16,5 qq/ha.
 
Los mayores perjudicados en la actual coyuntura son los empresarios pequeños y medianos –la enorme mayoría del universo rural pampeano– que realizan parte de la agricultura en campos de terceros. Su principal ventaja competitiva está representada por las relaciones de confianza construidas durante muchos años con los propietarios de campos.
 
Otra de las zonas donde avanzó la demanda fue la región sudeste bonaerense. Por ejemplo: los campos costeros de buena calidad de la zona de influencia de Miramar, que el año pasado se negociaron en un rango de 220 a 250 u$s/ha, este año se renegociaron en algunos casos entre 250 y 270 u$s/ha.
 
“Vamos a salir del negocio agrícola en campo arrendado –salvo por algún caso puntual– para focalizarnos en acuerdos asociativos porque no podemos validar la transferencia de toda la utilidad de esta campaña a los propietarios de campos”, comenta Agustín Macias (integrante del CREA Arroyo de los Huesos). El empresario, quien cuenta con una firma distribuidora de agroinsumos, está buscando socios –contratistas rurales o capitalistas– para generar negocios en el marco de asociaciones.
 
“Por campos costeros que el año pasado se pagaron 9 qq/ha, ahora los propietarios están solicitado 12 qq/ha. No es un valor razonable para el riesgo que debe asumir una empresa agrícola responsable en el ciclo 2016/17”, explica Macias.
 
“En la zona de Azul, donde el año pasado arrendé a un valor de 7 qq/ha de soja, en el ciclo 2016/17 con los precios esperados actuales y un valor de 8,5 qq/ha, salgo hecho con cebada/soja y pierdo dinero con trigo/soja; los números proyectados del negocio están lejos de ser espectaculares”, agrega.
 
En las zonas inundadas del centro de la provincia Santa Fe –desde Gálvez hasta Carlos Pellegrini–, donde los rindes de soja se derrumbaron, en algunos casos se aceptó que la última cuota del alquiler 2015/16 se pasara a mayo de 2017. Se informan, además, muchos casos de propietarios que aceptaron rebajas de alquileres: campos que el año pasado se negociaron en un rango de 13 a 16 qq/ha de soja, este año se cerraron en 10-12 qq/ha con pagos a cosecha (diciembre/enero en el caso del trigo o girasol y abril/mayo para la gruesa).
 
Muchas empresas de la zona siguen complicadas por las lluvias torrenciales ocurridas en abril pasado: aún no se terminó de levantar toda la cosecha gruesa y se están rediseñando planteos de trigo con ciclos cortos ante la posibilidad de que la siembra del cereal se retrase. Los productores registraron quebrantos generalizados por los bajos o nulos rindes logrados y debieron refinanciar la deuda bancaria y comercial.
 
En las zonas productivas de Entre Ríos –afectadas en la última campaña por una sucesión de eventos climáticos desfavorables– la demanda tampoco se encuentra muy activa. Los propietarios de los campos de las mejores zonas –desde Victoria hasta Arroyo Cle– están solicitando 10,0 qq/ha para el presente año (un gran operador aceptó cerrar una operación por 9,5 qq/ha de soja). En los sectores más regulares de la provincia prevalecerán los acuerdos a porcentaje con los parámetros que fije el arrendatario (que en algunos casos incluye descuento de fletes y gastos comerciales a cuenta del propietario) o bien acuerdos en los cuales se establecen porcentajes para cada parte sobre los quintales adicionales que superen el rinde de indiferencia establecido por el arrendatario (modalidad ya implementada en los últimos años).
 
“Esta campaña, tal como ocurrió con la anterior, no fue buena para las empresas de la zona, que vuelven a estar complicadas financieramente. Seguramente reduciremos área para intentar concentrarnos en aquellos campos que tengan menos problemas, es decir, que vengan de un buen manejo y tengan accesibilidad”, comenta Eduardo Grimaux (integrante del CREA Victoria).
 
En el norte del país, la demanda sigue lejos de mostrar un interés particular debido al impacto que siguen teniendo los fletes sobre los márgenes presentes y proyectados del negocio agrícola. En Chaco, particularmente, la campaña algodonera resultó muy mala y se espera que algunos propietarios de campos intenten regresar a la agricultura tradicional.
 
El año pasado, un operador agrícola arrendó en Santiago del Estero un campo al 26% con precio de la soja pizarra lleno y otro con 50-50% sobre saldo remanente de un rinde de indiferencia de 23 qq/ha de soja de primera y 60 qq/ha de maíz. En este último caso, este año se bajaron los rindes de indiferencia a 16 y 43 qq/ha. Pero no le interesa volver a sembrar el otro campo si no se cambian las condiciones del acuerdo pactado el año pasado.
 
Otro empresario agrícola que alquila un campo en Santiago del Estero pretende mantener este año el mismo acuerdo instrumentado en 2015: un porcentaje decreciente –fijado por tabla– sobre el adicional resultante de lo que supere un rinde de indiferencia de 18 qq/ha en soja de primera.