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Hay que exportar más conocimiento

Cuando un productor adquiere semillas para realizar su siembra, también paga el desarrollo tecnológico incorporado. La regalía es el pago que realiza el productor a los desarrolladores de la genética en reconocimiento de la propiedad intelectual incorporada.
De esta manera, los productores agropecuarios hacen uso de los beneficios de la mejora genética apostando a paquetes tecnológicos con semillas superiores. Se incrementan los rendimientos y mejoran las calidades de lo producido. Son simientes que se han logrado tras años de investigación, en las que se han hecho cruzas y selecciones, y en algunos casos además se introdujeron genes de otras especies.
Actualmente existen en nuestro país 166 empresas dedicadas a este negocio: 107 empresas privadas argentinas, 24 extranjeras, 26 estatales y 9 cooperativas. La legislación vigente es obsoleta y permite que muchos productores no paguen regalías.
Este escenario genera que las empresas nacionales de menor capital no puedan sostener la investigación y producción de semillas. Resulta primordial encontrar una urgente solución a este problema, dado que estamos ante el riesgo de que esta industria quede exclusivamente en manos de empresas extranjeras.
Esta realidad se ve con particular relevancia en los cultivos de trigo y soja: debido al abuso cometido bajo el amparo del "uso propio", las empresas no están recibiendo compensación por su actividad y terminan por limitar las inversiones en sus programas de mejoramiento. Esto también afecta el ritmo de innovación, lo cual a su vez afecta negativamente a los productores y al país.
Los cambios tecnológicos, la indefensión de gran parte de la industria y la importancia estratégica del tema imponen ordenar la legislación referida a la producción y uso de las semillas.
Hasta el momento, todas las iniciativas han fracasado y no se han alcanzado los acuerdos necesarios para modificar la ley vigente. Ni el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo, ni los representantes del sector privado, han encontrado una solución al conflicto.
Se hace necesario establecer de manera urgente una norma moderna sobre los derechos de propiedad. Un marco legislativo que libere el potencial del desarrollo tecnológico, estimule la investigación y el comercio legal. Una ley que ordene y garantice los derechos de propiedad intelectual, pero que paralelamente respete y limite los derechos de los agricultores a guardar su propia semilla. Científicos, tecnólogos y empresas argentinas han acompañado con esfuerzo este proceso de trasformación durante años y han obtenido significativos logros. No debemos ser sólo granero del mundo y exportar alimentos, sino también podemos ser semilleros. Ser desarrolladores, consumidores y exportadores de genética y de biotecnología.
Un negocio millonario del que podemos participar.
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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