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La situación laboral
Sube 33% el salario mínimo y será de $ 8.060 en enero
Habrá un ajuste gradual hasta llegar a esa cifra. Pasará a $ 6.810 desde junio y a $ 7.560 en septiembre. También ajustaron el seguro de desempleo, cuyo tope máximo pasa a $ 3.000.
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Clarin
Lo acordado estaba resuelto de antemano. El plenario entre funcionarios del Gobierno, sindicalistas y empresarios duró poco más de media hora, Mauricio Macri pasó unos minutos a saludar y decir unas palabras y enseguida los miembros del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario salieron del salón Eva Perón de la Casa Rosada a anunciar los números: el mínimo vital y móvil llegará a $8.060 en enero (un aumento del 33%) y el seguro de desempleo tendrá escalas entre $1.875 y $3.000. La mayoría de los gremialistas lo avalaron, un escenario buscado por el macrismo para preparar el escenario para el veto de la ley para prohibir los despidos.
“Ya veníamos trabajando. Quedó claro que los gremios dan por descontado el veto y que el clima cambió. Si estuviera fuerte la posibilidad de un paro no hubieran venido”, expresó su satisfacción un alto funcionario a Clarín. El salario mínimo pasará de los $6.060 actuales a $6.810 en junio, a $7.560 en septiembre y $8.060 en enero. Salvo los representantes de las dos CTA, todos los integrantes del Consejo (16 por los sindicatos y 16 del sector empresario, con participación más amplia que durante el kirchnerismo) lo respaldaron. Al final Macri celebró “que estén todos sentados alrededor de una mesa para sincerar y curar los desfasajes en los derechos de los trabajadores”, volvió sobre la referencia a “una transición difícil” y citó la frase de Juan Perón para insistir en que “la estrella polar debe ser la productividad”. Por el Gobierno encabezaron la representación Jorge Triaca -ministro de Trabajo-, Francisco Cabrera -Producción- y el secretario Ezequiel Sabor.
No hubo avances concretos en otros temas de discusión, como el Impuesto a las Ganancias. Desde la mañana funcionaron las comisiones de Salario, Empleo, Prestaciones por Desempleo, Productividad, Formación Profesional y Seguridad Social, para elaborar una agenda de trabajo -incluye ese tributo, ausentismo y condiciones laborales, entre muchos otros puntos- aprobada en el plenario, para retomar el mes próximo. No entraron los descuentos salariales por huelga, para que no corriera riesgo el acuerdo.
“Queríamos alcanzar la canasta básica, de $14.800, pero llegamos a $8.000 y es un avance. No es fácil consensuar. En 12 años siempre discutimos salarios y ahora vamos a discutir sobre crear empleo, productividad”, dijo a este diario Omar Maturano, de La Fraternidad, en línea con el Gobierno, aunque marcó una advertencia sobre los eventuales descuentos por huelga: “Eso no está en discusión. Así como el Presidente tiene derecho a vetar una ley consensuada por el Senado y Diputados, nosotros tenemos derecho a protestar”.
Entre los referentes de la CGT en proceso de unificación asistieron Antonio Caló (UOM), Armando Cavalieri (Comercio), Roberto Fernández (UTA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Julio Piumato (Judiciales) y Omar Plaini (Canillitas), estos dos últimos en representación de Hugo Moyano, de relación ambivalente con Macri y en estos días con el extra de la puja por la AFA. Tampoco fue Luis Barrionuevo (Gastronómicos). Las negociaciones por la millonaria deuda con las obras sociales sindicales resultan clave en el vínculo entre el Gobierno y los gremios.
Pablo Micheli y Hugo Yasky, los titulares de las dos CTA, expresaron las posiciones más duras, con un reclamo de un 40% de aumento del salario mínimo y la implementación de la ley antidespidos. “Va a quedar desactualizado. “Votamos en contra y perdimos como en la guerra, pero no se puede fijar un salario mínimo para el año que viene en $8.000 cuando la canasta es de $16.000”, cuestionó Micheli. Aun así dirigentes de esas centrales rescataban el porcentaje de aumento de 33% como un piso para las paritarias (“después de esto no hay acuerdo que pueda salir por menos de 33%”), su traslado como referencia para los trabajadores no registrados y los dos meses de anticipación en la actualización, porque los $6.060 actuales regían hasta agosto.
Los empresarios salieron conformes, más allá de la intención inicial de no llevar el mínimo más allá de los $7.500. “Cedimos a sentarnos anticipadamente por el sinceramiento de la economía, las vicisitudes con los gremios y la ley antidespidos. Ahora hay que darle continuidad a este diálogo”, pidió Daniel Funes de Rioja (UIA). “Se ve la voluntad del Gobierno, de la dirigencia gremial y empresarial de dialogar y buscar acuerdos en estos temas tan importantes”, dijo Jaime Campos, de AEA, una de las asociaciones que participaron por primera vez.
“Ya veníamos trabajando. Quedó claro que los gremios dan por descontado el veto y que el clima cambió. Si estuviera fuerte la posibilidad de un paro no hubieran venido”, expresó su satisfacción un alto funcionario a Clarín. El salario mínimo pasará de los $6.060 actuales a $6.810 en junio, a $7.560 en septiembre y $8.060 en enero. Salvo los representantes de las dos CTA, todos los integrantes del Consejo (16 por los sindicatos y 16 del sector empresario, con participación más amplia que durante el kirchnerismo) lo respaldaron. Al final Macri celebró “que estén todos sentados alrededor de una mesa para sincerar y curar los desfasajes en los derechos de los trabajadores”, volvió sobre la referencia a “una transición difícil” y citó la frase de Juan Perón para insistir en que “la estrella polar debe ser la productividad”. Por el Gobierno encabezaron la representación Jorge Triaca -ministro de Trabajo-, Francisco Cabrera -Producción- y el secretario Ezequiel Sabor.
No hubo avances concretos en otros temas de discusión, como el Impuesto a las Ganancias. Desde la mañana funcionaron las comisiones de Salario, Empleo, Prestaciones por Desempleo, Productividad, Formación Profesional y Seguridad Social, para elaborar una agenda de trabajo -incluye ese tributo, ausentismo y condiciones laborales, entre muchos otros puntos- aprobada en el plenario, para retomar el mes próximo. No entraron los descuentos salariales por huelga, para que no corriera riesgo el acuerdo.
“Queríamos alcanzar la canasta básica, de $14.800, pero llegamos a $8.000 y es un avance. No es fácil consensuar. En 12 años siempre discutimos salarios y ahora vamos a discutir sobre crear empleo, productividad”, dijo a este diario Omar Maturano, de La Fraternidad, en línea con el Gobierno, aunque marcó una advertencia sobre los eventuales descuentos por huelga: “Eso no está en discusión. Así como el Presidente tiene derecho a vetar una ley consensuada por el Senado y Diputados, nosotros tenemos derecho a protestar”.
Entre los referentes de la CGT en proceso de unificación asistieron Antonio Caló (UOM), Armando Cavalieri (Comercio), Roberto Fernández (UTA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez (UPCN), Julio Piumato (Judiciales) y Omar Plaini (Canillitas), estos dos últimos en representación de Hugo Moyano, de relación ambivalente con Macri y en estos días con el extra de la puja por la AFA. Tampoco fue Luis Barrionuevo (Gastronómicos). Las negociaciones por la millonaria deuda con las obras sociales sindicales resultan clave en el vínculo entre el Gobierno y los gremios.
Pablo Micheli y Hugo Yasky, los titulares de las dos CTA, expresaron las posiciones más duras, con un reclamo de un 40% de aumento del salario mínimo y la implementación de la ley antidespidos. “Va a quedar desactualizado. “Votamos en contra y perdimos como en la guerra, pero no se puede fijar un salario mínimo para el año que viene en $8.000 cuando la canasta es de $16.000”, cuestionó Micheli. Aun así dirigentes de esas centrales rescataban el porcentaje de aumento de 33% como un piso para las paritarias (“después de esto no hay acuerdo que pueda salir por menos de 33%”), su traslado como referencia para los trabajadores no registrados y los dos meses de anticipación en la actualización, porque los $6.060 actuales regían hasta agosto.
Los empresarios salieron conformes, más allá de la intención inicial de no llevar el mínimo más allá de los $7.500. “Cedimos a sentarnos anticipadamente por el sinceramiento de la economía, las vicisitudes con los gremios y la ley antidespidos. Ahora hay que darle continuidad a este diálogo”, pidió Daniel Funes de Rioja (UIA). “Se ve la voluntad del Gobierno, de la dirigencia gremial y empresarial de dialogar y buscar acuerdos en estos temas tan importantes”, dijo Jaime Campos, de AEA, una de las asociaciones que participaron por primera vez.
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