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La Comisión Asesora de Productos Químicos y Biológicos de Uso Agropecuario de Córdoba, que coordina el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de su Secretaría de Agricultura, realizó su primera reunión del año y comenzó a definir sus planes de acción para el corriente ejercicio.
 
Según informó la cartera que encabeza Sergio Busso, entre otros aspectos, en el debate se planteó la necesidad de intensificar los cronogramas de capacitaciones desde cada una de las entidades, con la finalidad de trasladar los conceptos más importantes de las normativas vigentes.
 
Además, se definió que se trabaje en forma coordinada entre los ministerios de Agricultura y Ganadería y de Gobierno, este último a través de la Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales, en lo referido al ordenamiento territorial para la aplicación en zonas periurbanas. “El objetivo es poner a disposición de los municipios las herramientas, protocolos, normas, medidas de seguridad y asesoramiento para la toma de decisiones sobre esta temática”, señalaron desde Agricultura.
 
Mesa Provincia-Municipios
 
Según consigna Agrovoz, el secretario de Agricultura, Juan Cruz Molina, mencionó que la idea es que esta Comisión elabore un protocolo de trabajo que se llevará a la Mesa Provincia-Municipios, integrada por las más de 400 municipalidades y comunas de Córdoba, para que éstas sepan cómo pueden adherir a la Ley Provincial 9.164, que regula el uso de productos químicos o biológicos de uso agropecuario.
 
“A pedido del gobernador y la Mesa de Enlace, se acordó hacer un protocolo de cumplimiento, adhesión, fiscalización y control de la Ley 9.164. Esa tarea va a recaer en esta comisión. Y además servirá como una herramienta de comunicación para poder llegar a los municipios e incluir en la agenda de debate de la Mesa el ordenamiento territorial. Para nosotros, la Mesa actuará como el brazo de ejecución para la instalación del protocolo”, precisó Molina.
 
Armonización
 
Otro de los objetivos de trabajo a lo largo de 2016 será avanzar en la armonización de la Ley 9.164 con la Ley de Política Ambiental 10.208, sancionada hace dos años.
 
“Esa es una normativa marco que rige a todas las actividades que estén relacionadas o generen una vinculación con el ambiente. Queremos armonizarlo con la 9.164 para que ésta también pueda usarse como herramienta de diagnóstico y monitoreo ambiental”, explicó el secretario de Agricultura.
 
Herbicida cuestionado
 
El tercer punto fue el siguiente: “Se le dio entrada al pedido de restricción planteado por algunos actores para el uso del herbicida 2,4-D”, dijo Molina.
 
Según el funcionario, desde el sector vitícola sostienen que el eventual mal uso de este producto afecta fundamentalmente a las plantas de vid y ornamentales o árboles. Sin embargo, es una herramienta que, bien utilizada, puede servir para el control de amaranthus (yuyo colorado), una de las malezas más problemáticas que afectan a la provincia. 
 
Por ello, sólo se receptó el pedido y se comenzará a evaluar su viabilidad o no.
 
Instituciones
 
Molina afirmó que este año se decidió que las reuniones de la Comisión roten por las distintas instituciones que la integran.
 
Además del secretario de Agricultura, de la convocatoria participaron el director general de Fiscalización y Control, Martín Gutiérrez; y el director de Producción Agrícola, Marcos Blanda, además de representantes de las diferentes entidades que conforman el organismo: Colegio de Ingenieros Agrónomos, las cámaras del sector, casas de altos estudios y la Comisión de Enlace Agropecuaria, entre otras.