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Fallo inédito: Condenan a prisión a un productor por desmontes ilegales en Salta
El Poder Judicial de la provincia de Salta condenó a un productor agropecuario a cumplir una pena de seis meses de prisión por el desmonte ilegal de 12.000 hectáreas de bosques nativos.
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Infocampo
En un fallo inédito, el Poder Judicial de la provincia de Salta condenó a un productor agropecuario a cumplir una pena de seis meses de prisión por el desmonte ilegal de 12 mil hectáreas de bosques nativos, que también podría involucrar el pago de una multa 171 millones de pesos. El fallo, además de sentar un importante precedente, motivó el desarrollo de una investigación que determinó, por primera vez, cuánto tiempo llevaría recomponer ese área afectada.
El estudio técnico que apoyó la presentación de los fiscales fue realizado por un grupo de expertos multidisciplinares de la Universidad Nacional de Salta, de la Universidad de Buenos Aires, del INTA, de la Dirección de Bosques de la Nación y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), y se presentó en marzo de 2016.
joseParuelo
“Concluimos que el bosque original, con las características que tenía cuando se lo destruyó, probablemente no lo podamos recuperar hasta después de mucho tiempo. Pero sí podemos recuperar muchas de las funciones de ese bosque en un plazo relativamente corto, de unas pocas décadas”, afirmó José Paruelo, director del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART), de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), e investigador superior del CONICET.
El resultado de las investigaciones que la FAUBA y otras instituciones viene realizando logró modificar la perspectiva de las acciones que promueve el poder judicial. A diferencia de los fallos anteriores, ahora ya no alcanza con pagar una multa por haber desmontado en una zona prohibida por la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Esta vez, la Justicia impide continuar haciendo agricultura en ese lugar y determina la necesidad de restaurar ese área.
Campos restaurados
Las investigaciones de la FAUBA, cuyos resultados aportaron a la causa judicial, incluyeron el uso de información satelital, visitas al campo y la realización de una serie de estudios en los cuales participaron docentes y tesistas de posgrado junto a investigadores de INTA.
Al respecto, Paruelo destacó los estudios doctorales de Pablo Baldasini, que evalúa los cambios del carbono orgánico en el suelo, de Laura Amdan, quién midió cómo el desmonte aumenta la recarga de acuíferos y potencia la salinización de los suelos, así como de María Vallejos, quién cuantificó las tasas de deforestación.
“Con esa información, y a partir de trabajos de síntesis realizados con otros docentes e investigadores (Gervasio Piñeiro y Marcos Texeira) elaboramos un índice de cambio en el nivel de provisión de servicios ecosistémicos. Este índice permitió cuantificar el daño provocado por la deforestación. Por otro lado, a partir de la tesis de María Basualdo, quien ahora es docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se estimó el tiempo que involucraría la restauración de esos campos desmontados”, explicó.
Los investigadores identificaron decenas de lotes que habían sido desmontados en diferentes momentos para hacer agricultura en la región del Chaco Salteño y Santiagueño, pero que luego se habían dejado de cultivar por diferentes razones. Con sensores remotos y estudios a campo, se pudo conocer cuándo habían sido deforestados y comparar cómo se había modificado la provisión de servicios ecosistémicos en relación a los bosques vecinos, que habían quedado intactos.
“Pudimos comparar cuánto se parece ese bosque a lo que era antes de ser deforestado, en función de la edad del abandono. Y encontramos un parecido importante después de un período que va 10 a 20 años. No es exactamente igual, pero alcanza un nivel de semejanza que es equivalente al que surge de las diferencias que existen entre parches de bosque. Por eso decimos que logramos un nivel de recuperación aceptable”, dijo Paruelo.
“En las áreas donde se había abandonado la agricultura, medimos diferentes aspectos relacionados con la estructura del bosque, la composición de especies, la biodiversidad, las ganancias de carbono y la productividad del sistema a lo largo del año, y advertimos la necesidad de suspender cuanto antes las prácticas agrícolas para dar comienzo a un proceso de restauración pasivo, porque cuando esa zona desmontada se abandonaba relativamente temprano, podemos esperar que en ese plazo de una o dos décadas se recupere una buena parte de las funciones que tenía el bosque”, agregó.
“Es importante que el desmonte en estas áreas prohibidas se frene cuanto antes porque la capacidad de recuperación depende del estado del banco de semillas y propágulos y del tamaño del desmonte. Si las superficies desmontadas son muy grandes y viejas, y con más historia agrícola, su capacidad de recuperación seguramente va a ser menor”, concluyó.
El estudio técnico que apoyó la presentación de los fiscales fue realizado por un grupo de expertos multidisciplinares de la Universidad Nacional de Salta, de la Universidad de Buenos Aires, del INTA, de la Dirección de Bosques de la Nación y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), y se presentó en marzo de 2016.
joseParuelo
“Concluimos que el bosque original, con las características que tenía cuando se lo destruyó, probablemente no lo podamos recuperar hasta después de mucho tiempo. Pero sí podemos recuperar muchas de las funciones de ese bosque en un plazo relativamente corto, de unas pocas décadas”, afirmó José Paruelo, director del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección (LART), de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), e investigador superior del CONICET.
El resultado de las investigaciones que la FAUBA y otras instituciones viene realizando logró modificar la perspectiva de las acciones que promueve el poder judicial. A diferencia de los fallos anteriores, ahora ya no alcanza con pagar una multa por haber desmontado en una zona prohibida por la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Esta vez, la Justicia impide continuar haciendo agricultura en ese lugar y determina la necesidad de restaurar ese área.
Campos restaurados
Las investigaciones de la FAUBA, cuyos resultados aportaron a la causa judicial, incluyeron el uso de información satelital, visitas al campo y la realización de una serie de estudios en los cuales participaron docentes y tesistas de posgrado junto a investigadores de INTA.
Al respecto, Paruelo destacó los estudios doctorales de Pablo Baldasini, que evalúa los cambios del carbono orgánico en el suelo, de Laura Amdan, quién midió cómo el desmonte aumenta la recarga de acuíferos y potencia la salinización de los suelos, así como de María Vallejos, quién cuantificó las tasas de deforestación.
“Con esa información, y a partir de trabajos de síntesis realizados con otros docentes e investigadores (Gervasio Piñeiro y Marcos Texeira) elaboramos un índice de cambio en el nivel de provisión de servicios ecosistémicos. Este índice permitió cuantificar el daño provocado por la deforestación. Por otro lado, a partir de la tesis de María Basualdo, quien ahora es docente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, se estimó el tiempo que involucraría la restauración de esos campos desmontados”, explicó.
Los investigadores identificaron decenas de lotes que habían sido desmontados en diferentes momentos para hacer agricultura en la región del Chaco Salteño y Santiagueño, pero que luego se habían dejado de cultivar por diferentes razones. Con sensores remotos y estudios a campo, se pudo conocer cuándo habían sido deforestados y comparar cómo se había modificado la provisión de servicios ecosistémicos en relación a los bosques vecinos, que habían quedado intactos.
“Pudimos comparar cuánto se parece ese bosque a lo que era antes de ser deforestado, en función de la edad del abandono. Y encontramos un parecido importante después de un período que va 10 a 20 años. No es exactamente igual, pero alcanza un nivel de semejanza que es equivalente al que surge de las diferencias que existen entre parches de bosque. Por eso decimos que logramos un nivel de recuperación aceptable”, dijo Paruelo.
“En las áreas donde se había abandonado la agricultura, medimos diferentes aspectos relacionados con la estructura del bosque, la composición de especies, la biodiversidad, las ganancias de carbono y la productividad del sistema a lo largo del año, y advertimos la necesidad de suspender cuanto antes las prácticas agrícolas para dar comienzo a un proceso de restauración pasivo, porque cuando esa zona desmontada se abandonaba relativamente temprano, podemos esperar que en ese plazo de una o dos décadas se recupere una buena parte de las funciones que tenía el bosque”, agregó.
“Es importante que el desmonte en estas áreas prohibidas se frene cuanto antes porque la capacidad de recuperación depende del estado del banco de semillas y propágulos y del tamaño del desmonte. Si las superficies desmontadas son muy grandes y viejas, y con más historia agrícola, su capacidad de recuperación seguramente va a ser menor”, concluyó.
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