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Por Matías Longoni.- Justo en momento en que el Ministerio de Agroindustria intentaba acercar posiciones entre Monsanto y las entidades de productores agropecuarios, un comunicado emitido desde la casa matriz de la multinacional en Estados Unidos enturbió esa negociación, ya que ratificó la vigencia de controles privados sobre los cargamentos de soja de los chacareros en busca de posibles elusores del pago de la nueva tecnología Intacta. En las próximas horas, según pudo saber Clarín, habrá una réplica oficial.
 
El comunicado de Monsanto causó malestar en la cartera dirigida por Ricardo Buryaile, donde se lo consideró cuanto menos "inoportuno". No tanto porque la compañía confirmó la existencia de negociaciones con el gobierno de Mauricio Macri para "contar con un sistema de reconocimiento de las tecnologías de la soja en la Argentina", lo cual es verídico. Más bien porque da por cerrados algunos puntos de acuerdos que no serían reales.
 
En concreto Monsanto afirmó en su comunicado que hay consenso respecto de que "la toma de muestras y detección de la tecnología en el punto de entrega del grano continuará" y que, por lo tanto, "se mantendrá operativo el Sistema de Verificación y Reconocimiento de las tecnologías en soja".
 
​Hace quince días, Buryaile dictó una Resolución, la 140, en la que dispone que todos los sistemas de control en granos deben contar con una validación del Ministerio. Monsanto ni siquiera intentó homologar su sistema de control para detectar si la soja que llega a puertos y acopios contiene la tecnología transgénica "Intacta". Otra semillera, Bioceres, sí inició un expediente, pero le falta cuantiosa documentación. Por lo tanto, para el Estado esos controles no tienen valor legal y los productores pueden negarse a sufrirlos.
 
"La Resolución 140 es muy clara y dice que el método se considera inválido hasta que no esté aprobado por el Ministerio", dijeron desde Agroindustria, donde se planeaba salir formalmente al cruce de Monsanto este lunes.
 
En la cartera agropecuaria sugirieron además que este tipo de pretendidas imposiciones dañan la negociación que se estaba llevando a cabo con el conjunto de la cadena agrícola, para diseñar un sistema en el que sea el Estado quien le asegure a Monsanto y a otras empresas del ramo que cobren las regalías que corresponden por el desarrollo de nuevas tecnologías.