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Inundacinoes y conflicto con Monsanto
Incertidumbre sojera
Estas horas son de parálisis para el complejo sojero por las inundaciones y por un conflicto con Monsanto por una cláusula de control de biotecnología. La campaña vieen con pérdidas en rindes y en calidad.
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Diario Hoy
El miércoles pasado, el Ministerio de Agroindustria sacó la resolución 140, que en solo dos artículos generó toda la incertidumbre. A grandes rasgos, le apuntó a Monsanto y a las firmas agroexportadoras para mediar en el conflicto advirtiéndoles que ahora deberán contar con la autorización del organismo ante todo cualquier “sistema, procedimiento o método de control” en los granos.
En el mundo sojero, hace 3 años la multinacional desembarcó con su rr2 IPRO (o “Intacta”, que hace más resistente a la planta frente a insectos y glifosato), y a partir de la nueva tecnología sobrevino un enfrentamiento entre los grandes agricultores y el gigante que, según las denuncias, tomó una posición de cobro compulsivo exigiendo en los Puertos que se revisen los cargamentos para detectar si existía el gen y a partir de allí facturar. Eso sí, la empresa le tiró esa pelota a los exportadores y acopiadores, en una polémica que divulgó oportunamente Hoy en los últimos tiempos K. En ese ruido, los acopiadores arrojaron la primera piedra denunciando la “ilegalidad” de que Monsanto “controlara en los granos cuando debía hacerlo en la semilla”.
Mientras el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile no pudo acordar con las partes, la cosecha avanzaba y así llegaron a un sistema intermedio donde se anotaron los que no quisieron caer en la cláusula. “La evasión pasa porque compra y reproduce y lo vende como negro. El control que iba a hacer Monsanto es porque hay pícaros, que así como te copian un DVD o CD, o un libro, también entran en este delito en una sociedad acostumbrada a no pagar la innovación”, contó a Hoy Arturo Navarro, ex presidente de Carbap y CRA.
Pero el Gobierno, que en diciembre había dicho que no intervendría en un “acuerdo entre privados”, movió sus fichas y le reprochan que la medida tampoco es la solución.
Eso se palpó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al finalizar la semana pasada, con las caras y comentarios dispares entre semilleros, acopiadores, exportadores y representantes de Monsanto. Germán Lista, ingeniero y productor agropecuario, explicó a este medio que “todo está en una nebulosa” y no cree que “realmente vaya a desaparecer la regalía que acaba con el cobro compulsivo, esto no quiere decir que Monsanto pueda ir por sus propios medios atrás del cobro o con intimaciones. No buscar la negociación le va a traer un perjuicio a la larga, porque la tecnología que trajeron es muy buena, aunque muy cara”.
“La anarquía sigue vigente”
Las dudas se multiplican como los hongos en este abril donde el agua emerge de la tierra y tapa el cultivo. Se calculan 900.000 hectáreas sin solución, donde no se pudieron recolectar granos –están brotados o sus vainas se abren y los porotos caen sin utilidad-. La situación es agravada por el espantoso estado de las rutas (otra estadística dura marca que el 80% no cuenta con pavimentación). “Hay cosas muy importantes para discutir antes que pelearse con Monsanto o con los exportadores. El tema se debe arreglar con la Ley de Semillas, que al no estar actualizada ni con el gobierno anterior ni con el actual, la anarquía sigue vigente, e incluso aplaudida por dirigentes del sector agropecuario. Además, la regalía de 2 o 3 dólares por bolsa no significa nada a un productor, pero sí los fletes, el atraso de la infraestructura o la falta de política para cubrir los riesgos por estas inundaciones que no se sabe cuánto costarán al país; la resolución ni les preocupó a los productores, recordando que el 80% de la producción de granos (como la soja) es para un 20% de productores grandes, y el 20% está en manos de los chicos”, añadió Navarro.
No hay quien sepa “a ciencia cierta” en qué condiciones operar. Cuál será la respuesta de Monsanto, que por ahora largó un escueto comunicado pidiendo “respeto a los derechos de propiedad intelectual, clave para mantener el ciclo de innovación agrícola en toda la industria y atraer inversiones, y en última instancia el apoyo a la introducción de nuevas tecnologías como la rr2 IPRO”. Telón para la historia, pero no final…
Ley de Semillas de 1973
Un Estado ausente hace años dejó falencias serias como la desarticulación de organismos de control (el INASE está cerrado), y una Ley de Semillas Nº 20.247 que está lejos de ser actual: es de marzo de 1973, ¡cuando no existían los transgénicos! En los ’90, con la revolución biotecnológica, a los que hacían investigaciones y pretendieron cobrar por ello, se les dificultó por la ley que asegura el uso propio gratuito.
Raúl Dente, de la Federación de Acopiadores, le recordó a Hoy que dicha “Ley de Semillas asegura al productor esa gratuidad, pudiendo volver a sembrar el grano como semilla, sin tener que pagarle nada a nadie. Y Monsanto empezó con los controles de su tecnología aplicada a la semilla a través de los granos. Cuando vieron que era muy difícil cobrar, fue a decirle a los exportadores -que sacan la mercadería a China-, ‘si quieren que les dé el Certificado de Bioseguridad, tienen que controlar si contiene o no Intacta y al productor que no me compró, cuando le vayas a pagar el precio, retenle tantas toneladas por contrato”. En este conflicto, hace 15 días una jueza federal desestimó el reclamo de la Federación de Acopiadores, que volvió a apelar ante la Cámara Federal.
En el mundo sojero, hace 3 años la multinacional desembarcó con su rr2 IPRO (o “Intacta”, que hace más resistente a la planta frente a insectos y glifosato), y a partir de la nueva tecnología sobrevino un enfrentamiento entre los grandes agricultores y el gigante que, según las denuncias, tomó una posición de cobro compulsivo exigiendo en los Puertos que se revisen los cargamentos para detectar si existía el gen y a partir de allí facturar. Eso sí, la empresa le tiró esa pelota a los exportadores y acopiadores, en una polémica que divulgó oportunamente Hoy en los últimos tiempos K. En ese ruido, los acopiadores arrojaron la primera piedra denunciando la “ilegalidad” de que Monsanto “controlara en los granos cuando debía hacerlo en la semilla”.
Mientras el ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile no pudo acordar con las partes, la cosecha avanzaba y así llegaron a un sistema intermedio donde se anotaron los que no quisieron caer en la cláusula. “La evasión pasa porque compra y reproduce y lo vende como negro. El control que iba a hacer Monsanto es porque hay pícaros, que así como te copian un DVD o CD, o un libro, también entran en este delito en una sociedad acostumbrada a no pagar la innovación”, contó a Hoy Arturo Navarro, ex presidente de Carbap y CRA.
Pero el Gobierno, que en diciembre había dicho que no intervendría en un “acuerdo entre privados”, movió sus fichas y le reprochan que la medida tampoco es la solución.
Eso se palpó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, al finalizar la semana pasada, con las caras y comentarios dispares entre semilleros, acopiadores, exportadores y representantes de Monsanto. Germán Lista, ingeniero y productor agropecuario, explicó a este medio que “todo está en una nebulosa” y no cree que “realmente vaya a desaparecer la regalía que acaba con el cobro compulsivo, esto no quiere decir que Monsanto pueda ir por sus propios medios atrás del cobro o con intimaciones. No buscar la negociación le va a traer un perjuicio a la larga, porque la tecnología que trajeron es muy buena, aunque muy cara”.
“La anarquía sigue vigente”
Las dudas se multiplican como los hongos en este abril donde el agua emerge de la tierra y tapa el cultivo. Se calculan 900.000 hectáreas sin solución, donde no se pudieron recolectar granos –están brotados o sus vainas se abren y los porotos caen sin utilidad-. La situación es agravada por el espantoso estado de las rutas (otra estadística dura marca que el 80% no cuenta con pavimentación). “Hay cosas muy importantes para discutir antes que pelearse con Monsanto o con los exportadores. El tema se debe arreglar con la Ley de Semillas, que al no estar actualizada ni con el gobierno anterior ni con el actual, la anarquía sigue vigente, e incluso aplaudida por dirigentes del sector agropecuario. Además, la regalía de 2 o 3 dólares por bolsa no significa nada a un productor, pero sí los fletes, el atraso de la infraestructura o la falta de política para cubrir los riesgos por estas inundaciones que no se sabe cuánto costarán al país; la resolución ni les preocupó a los productores, recordando que el 80% de la producción de granos (como la soja) es para un 20% de productores grandes, y el 20% está en manos de los chicos”, añadió Navarro.
No hay quien sepa “a ciencia cierta” en qué condiciones operar. Cuál será la respuesta de Monsanto, que por ahora largó un escueto comunicado pidiendo “respeto a los derechos de propiedad intelectual, clave para mantener el ciclo de innovación agrícola en toda la industria y atraer inversiones, y en última instancia el apoyo a la introducción de nuevas tecnologías como la rr2 IPRO”. Telón para la historia, pero no final…
Ley de Semillas de 1973
Un Estado ausente hace años dejó falencias serias como la desarticulación de organismos de control (el INASE está cerrado), y una Ley de Semillas Nº 20.247 que está lejos de ser actual: es de marzo de 1973, ¡cuando no existían los transgénicos! En los ’90, con la revolución biotecnológica, a los que hacían investigaciones y pretendieron cobrar por ello, se les dificultó por la ley que asegura el uso propio gratuito.
Raúl Dente, de la Federación de Acopiadores, le recordó a Hoy que dicha “Ley de Semillas asegura al productor esa gratuidad, pudiendo volver a sembrar el grano como semilla, sin tener que pagarle nada a nadie. Y Monsanto empezó con los controles de su tecnología aplicada a la semilla a través de los granos. Cuando vieron que era muy difícil cobrar, fue a decirle a los exportadores -que sacan la mercadería a China-, ‘si quieren que les dé el Certificado de Bioseguridad, tienen que controlar si contiene o no Intacta y al productor que no me compró, cuando le vayas a pagar el precio, retenle tantas toneladas por contrato”. En este conflicto, hace 15 días una jueza federal desestimó el reclamo de la Federación de Acopiadores, que volvió a apelar ante la Cámara Federal.
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