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Sindicalistas recibieron a la Pastoral Social, en semana clave para prohibir los despidos
En el Congreso debate proyectos para declarar la emergencia laboral.
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Jorge Sánchez
Con la preocupación por la inflación y la pérdida de empleos, y en una semana en que la oposición busca avanzar en el Congreso con una ley para prohibir los despidos, las cinco centrales sindicales recibieron ayer a los obispos de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia. Fue un “desayuno de trabajo” en la sede de la CGT Azopardo, que tuvo como anfitrión al camionero Hugo Moyano, y del que participaron Antonio Caló (CGT Alsina) y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Luis Cejas (por la CGT Azul y Blanca) y un representante de Pablo Micheli (CTA Autónoma).
“La Iglesia se mostró consustanciada con el reclamo del sindicalismo”, sostuvieron los gremialistas, que pidieron “terminar con el ajuste y los despidos”. Estuvieron también Gerardo Martínez (Uocra), Juan Carlos Schmid (Dragado), Gerónimo Venegas (Uatre), Andrés Rodríguez (UPCN) y Omar Plaini (Canillitas), entre otros. Y por la Iglesia, los obispos Jorge Casaretto y Fernando Maletti. El motivo formal fue invitar a los sindicalistas -como todos los años- a la “semana social” de la Iglesia, en Mar del Plata del 21 al 23 de mayo próximos.
Estos contactos sindicales se dan en una semana clave para el avance en el Congreso de los proyectos que buscan prohibir los despidos. Mañana se reunirá la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, con el objetivo de sacar dictamen de un proyecto que declara la emergencia ocupacional y prohibe los despidos en el sector público y privado hasta el 31 de diciembre de 2017, con efecto retroactivo al 1° de marzo pasado.
De acuerdo con el dictamen de consenso que daba vueltas ayer por los despachos, y al que accedió Clarín, se prohíben las cesantías o desvinculaciones del Estado, sus sociedades o entes públicos, lo mismo que los despidos “sin justa causa” en el ámbito privado. El trabajador afectado puede accionar judicialmente para su reinstalación, y si acepta la extinción del vínculo laboral tendría derecho a una doble indemnización. Para los despidos por “fuerza mayor” se contempla un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Trabajo.
Para este dictamen se tuvieron en cuenta 12 proyectos de legisladores del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Bloque Justicialista, Libres del Sur y el Frente de Izquierda; este último irá con dictamen de minoría porque también impulsa la expropiación de empresas que cierren y su gestión por los trabajadores, explicó Néstor Pitrola (Partido Obrero). La comisión de Trabajo es presidida por el justicialista Alberto Roberti y la integran casi todos los “dipusindicales”, así que el dictamen no tendría problemas en avanzar. La cuestión es si pasa luego otras instancias.
El Senado avanza en paralelo para darle dictamen también este miércoles en plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, al proyecto del senador y sindicalista de Comercio Daniel Lovera (FpV-La Pampa) que declara la emergencia ocupacional y prohibe los despidos por 180 días. Allí afirman que la semana que viene le darán media sanción en el recinto.
“La Iglesia se mostró consustanciada con el reclamo del sindicalismo”, sostuvieron los gremialistas, que pidieron “terminar con el ajuste y los despidos”. Estuvieron también Gerardo Martínez (Uocra), Juan Carlos Schmid (Dragado), Gerónimo Venegas (Uatre), Andrés Rodríguez (UPCN) y Omar Plaini (Canillitas), entre otros. Y por la Iglesia, los obispos Jorge Casaretto y Fernando Maletti. El motivo formal fue invitar a los sindicalistas -como todos los años- a la “semana social” de la Iglesia, en Mar del Plata del 21 al 23 de mayo próximos.
Estos contactos sindicales se dan en una semana clave para el avance en el Congreso de los proyectos que buscan prohibir los despidos. Mañana se reunirá la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, con el objetivo de sacar dictamen de un proyecto que declara la emergencia ocupacional y prohibe los despidos en el sector público y privado hasta el 31 de diciembre de 2017, con efecto retroactivo al 1° de marzo pasado.
De acuerdo con el dictamen de consenso que daba vueltas ayer por los despachos, y al que accedió Clarín, se prohíben las cesantías o desvinculaciones del Estado, sus sociedades o entes públicos, lo mismo que los despidos “sin justa causa” en el ámbito privado. El trabajador afectado puede accionar judicialmente para su reinstalación, y si acepta la extinción del vínculo laboral tendría derecho a una doble indemnización. Para los despidos por “fuerza mayor” se contempla un procedimiento administrativo ante el Ministerio de Trabajo.
Para este dictamen se tuvieron en cuenta 12 proyectos de legisladores del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, el Bloque Justicialista, Libres del Sur y el Frente de Izquierda; este último irá con dictamen de minoría porque también impulsa la expropiación de empresas que cierren y su gestión por los trabajadores, explicó Néstor Pitrola (Partido Obrero). La comisión de Trabajo es presidida por el justicialista Alberto Roberti y la integran casi todos los “dipusindicales”, así que el dictamen no tendría problemas en avanzar. La cuestión es si pasa luego otras instancias.
El Senado avanza en paralelo para darle dictamen también este miércoles en plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto, al proyecto del senador y sindicalista de Comercio Daniel Lovera (FpV-La Pampa) que declara la emergencia ocupacional y prohibe los despidos por 180 días. Allí afirman que la semana que viene le darán media sanción en el recinto.
Medio de comunicación
Clarin
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