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Por Ezequiel Tambornini (ValorSoja).- Los que pusieron (o expusieron) su nombre, familia y empresas en el conflicto agropecuario de 2008 se enfrentaron a un aparato de destrucción masiva con recursos prácticamente ilimitados para triturarlos de diferentes maneras posibles. Salió bien. Pero podría haber salido muy mal.
 
Por eso, sorprenderse del hecho de que Buryaile haya dado de baja un sistema de “retención privada” implementado de facto por una empresa, implica haber aterrizado ayer en territorio argentino desde un globo aerostático.
 
Es la primera vez en mucho tiempo que la presencia del Estado se hace valer en el ámbito semillero. No estuvo –por ejemplo– cuando se introdujo de manera masiva el gen de tolerancia a glifosato en híbridos de maíz (algo que terminó generando un mayor sobrecosto por aplicación de herbicidas que beneficios en muchas regiones productivas). Tampoco se lo vio muy activo analizando los riesgos biológicos de la introducción generalizada del gen de resistencia a insectos en soja sembrada en la zona pampeana.
 
Algunos mercenarios mediáticos dirán que la decisión de Buryaile es un atropello contra la propiedad privada, la inversión, el desarrollo productivo, EE.UU., Obama y civilización occidental. Pero lo importante es comprender el síntoma que está reflejando el “caso Monsanto”, que no es otro que un intento –probablemente demencial– de crear un marco en el cual sea posible ganar dinero con las inversiones realizadas en desarrollos tanto de germoplasmas como biotecnológicos.
 
Las reglas de juego vigentes a partir de las cuales los desarrolladores de genética en autógamas (como trigo y soja) pueden recuperar su inversión fueron creadas en 1973 (Ley Nº 20.247). Por entonces se sembraban (ciclo 1973/14) apenas 376.700 hectáreas de soja con un rinde promedio de 14,4 qq/ha. Y faltaban más de dos décadas para la introducción del primer evento biotecnológico (soja RR1).
 
Para poder algún día tener un sistema de tipificación de trigo como el vigente en EE.UU. y Australia –es decir: para poder competir en ligas mayores del cereal– se necesita una industria semillera rentable. También para comenzar a solucionar el default proteico en soja. Y para que haya muchas más compañías made in Argentina como Klein, Buck o Bioceres.
 
Buryaile y equipo tienen ahora la oportunidad de elaborar el anteproyecto de una nueva ley de cultivares y eventos agrobiotecnológicos que asegure la viabilidad económica de las empresas semilleras al tiempo de promover la competencia entre ellas.
 
Los uruguayos –gente práctica y civilizada– crearon, al permitir deducir de Ganancias el monto abonado por semilla original multiplicado por 1.5, un sistema para promover el uso constante de nuevos cultivares sin alterar el derecho del agricultor al “uso propio”. Saben que esa inversión hecha en el sector regresa al Estado por medio de otros impuestos.
 
No va a ser fácil implementar un nuevo marco regulatorio en una nación gobernada por un grupo de economistas que piensa que “al campo ya le dimos demasiado” o con dirigentes gremiales que se pasan la vida protestando por los descuentos de precios que aplican los compradores, pero que, cuando se habla de pagarle la inversión al semillero, miran para otro lado. No va a ser fácil. Pero qué lindo desafío.