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Biotecnología agrícola
Se tensa la disputa entre Monsanto y los productores
La empresa montó un sistema para cobrar por su soja transgénica Intacta. Recibió apoyo del sector semillero pero las entidades rurales rechazan los controles. El gobierno brilla por su ausencia en el debate.
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Oscar Harispe
Por Matías Longoni.- El gobierno nacional finalmente no intervino en la disputa entre la multinacional Monsanto y las entidades de productores por el pago de la tecnología incorporada en las semillas de "Intacta", la segunda generación de la famosa soja transgénica. Con los camiones cargados con la nueva cosecha comenzando a entrar en los puertos y acopios, la situación es cada vez más tensa y hasta hay sectores del ruralismo que amenazan con medidas de fuerza.
El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, había anticipado a principios de marzo que, hasta tanto se dicte una nueva Ley de Semillas que regule la cuestión de fondo, el Estado tomaría el control de la situación y que sería el Instituto Nacional de Semillas (INASE) quien realizaría los controles que pretende hacer Monsanto para detectar si la soja que llega al circuito comercial es de la variedad Intacta. Esa promesa, por ahora, cayó en saco roto. Según algunas versiones, el INASE no estaría en condiciones operativas de hacer esos controles. En el medio, se produjo la visita de Barack Obama al país y la embajada estadounidense en Buenos Aires se ocupó de advertir sobre esta crisis a las máximas autoridades de ambos países.
En este escenario, Monsanto siguió adelante con su sistema para poder cobrar las regalías, que instrumentó al margen de regulaciones estatales y en acuerdo con los grandes exportadores de granos (la excepción fue la cooperativa AFA). En los lugares donde se recepciona la soja, se realizan test (son semejantes a los que determinan el embarazo de una mujer) para detectar la presencia del evento transgénico. Si el grano es de Intacta, entonces se verifica si el productor pagó los derechos por esa tecnología al momento de comprar la semilla. Si no puede demostrarlo con facturas, entonces se le reclama el dinero, que puede ir de 8 a 15 dólares por tonelada según el caso.
Inicialmente las entidades de productores pusieron el grito en el cielo ante esta ofensiva, no solo porque el Estado quedaba al margen sino porque el cobro de las regalías impagas por el productor iba a ser "compulsivo". En ese momento, el resto del sector semillero y muchas otras entidades de la cadena acordaron un sistema llamado Bolsatech, en el que los controles se realizan pero en caso de detectarse la Intacta lo que se abre en una razonable instancia de negociación en el marco de las bolsas de cereales.
Esta semana, frente a la indefinición oficial, el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, ratificó que los controles del Bolsatech están vigentes para la nueva cosecha. Y defendió con énfasis los derechos de los "obtentores" de nuevas tecnologías en semillas a recuperar su inversión mediante una compensación económica "en los términos establecidos por su titular". Es decir, previendo que muy pronto habrá nuevas semillas como la Intacta en el mercado, la industria se plantó a favor de establecer y cobrar regalías por esos desarrollos.
Las entidades rurales no se oponen a reconocer ese derecho, pero temen que el nuevo sistema vulnere otros derechos milenarios del agricultor, como reservarse una porción de su cosecha de soja para sembrar al año siguiente. "En términos generales Monsanto no tiene derechos sobre la semilla de uso propio y bajo ningún aspecto sobre los granos producidos en la Argentina", enfatizó el titular de CRA, Dardo Chiesa. En la entidad preparan una carta documento modelo para rechazar los controles en los puertos. "La tecnología en la producción agropecuaria se paga con la compra de fertilizantes, de semillas o fitosanitarios y para los que hacen un uso indebido de la misma está la Ley y la Justicia, no una empresa privada con intereses directamente involucrados y una vocación de policía paraestatal", apuntó el ruralista.
La judicialización de la controversia ya es un hecho. Por un lado, hubo una mediación infructuosa en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, donde las entidades rurales concurrieron a pedir protección del gobierno. Por otro, hubo denuncias judiciales. En una de ellas, la Cámara en lo Civil y Comercial de Buenos Aires llegó a fallar diciendo que bajo ningún aspecto Monsanto puede obtener una patente por un organismo vivo como una semilla. “Ningún escritor patentaría el idioma, por haber escrito una novela”, exageraron los jueces. Monsanto, de todos modos, ha patentado los eventos transgénicos contenidos dentro de la semilla Intacta, y no el envase.
En estos dimes y diretes, hay sectores de la producción que ya piensa en tomar medidas de fuerza. “En los últimos meses profundizamos el reclamo para que el Estado intervenga para defendernos a productores y cooperativas, que somos los más débiles ante los embates de esta multinacional. Ya estamos en la cosecha y aún el Ejecutivo no tomó ninguna decisión", explicó el titular de la Federación Agraria, Omar Príncipe. Mañana viernes el dirigente encabezará una asamblea de chacareros en Rosario.
El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, había anticipado a principios de marzo que, hasta tanto se dicte una nueva Ley de Semillas que regule la cuestión de fondo, el Estado tomaría el control de la situación y que sería el Instituto Nacional de Semillas (INASE) quien realizaría los controles que pretende hacer Monsanto para detectar si la soja que llega al circuito comercial es de la variedad Intacta. Esa promesa, por ahora, cayó en saco roto. Según algunas versiones, el INASE no estaría en condiciones operativas de hacer esos controles. En el medio, se produjo la visita de Barack Obama al país y la embajada estadounidense en Buenos Aires se ocupó de advertir sobre esta crisis a las máximas autoridades de ambos países.
En este escenario, Monsanto siguió adelante con su sistema para poder cobrar las regalías, que instrumentó al margen de regulaciones estatales y en acuerdo con los grandes exportadores de granos (la excepción fue la cooperativa AFA). En los lugares donde se recepciona la soja, se realizan test (son semejantes a los que determinan el embarazo de una mujer) para detectar la presencia del evento transgénico. Si el grano es de Intacta, entonces se verifica si el productor pagó los derechos por esa tecnología al momento de comprar la semilla. Si no puede demostrarlo con facturas, entonces se le reclama el dinero, que puede ir de 8 a 15 dólares por tonelada según el caso.
Inicialmente las entidades de productores pusieron el grito en el cielo ante esta ofensiva, no solo porque el Estado quedaba al margen sino porque el cobro de las regalías impagas por el productor iba a ser "compulsivo". En ese momento, el resto del sector semillero y muchas otras entidades de la cadena acordaron un sistema llamado Bolsatech, en el que los controles se realizan pero en caso de detectarse la Intacta lo que se abre en una razonable instancia de negociación en el marco de las bolsas de cereales.
Esta semana, frente a la indefinición oficial, el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Paseyro, ratificó que los controles del Bolsatech están vigentes para la nueva cosecha. Y defendió con énfasis los derechos de los "obtentores" de nuevas tecnologías en semillas a recuperar su inversión mediante una compensación económica "en los términos establecidos por su titular". Es decir, previendo que muy pronto habrá nuevas semillas como la Intacta en el mercado, la industria se plantó a favor de establecer y cobrar regalías por esos desarrollos.
Las entidades rurales no se oponen a reconocer ese derecho, pero temen que el nuevo sistema vulnere otros derechos milenarios del agricultor, como reservarse una porción de su cosecha de soja para sembrar al año siguiente. "En términos generales Monsanto no tiene derechos sobre la semilla de uso propio y bajo ningún aspecto sobre los granos producidos en la Argentina", enfatizó el titular de CRA, Dardo Chiesa. En la entidad preparan una carta documento modelo para rechazar los controles en los puertos. "La tecnología en la producción agropecuaria se paga con la compra de fertilizantes, de semillas o fitosanitarios y para los que hacen un uso indebido de la misma está la Ley y la Justicia, no una empresa privada con intereses directamente involucrados y una vocación de policía paraestatal", apuntó el ruralista.
La judicialización de la controversia ya es un hecho. Por un lado, hubo una mediación infructuosa en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, donde las entidades rurales concurrieron a pedir protección del gobierno. Por otro, hubo denuncias judiciales. En una de ellas, la Cámara en lo Civil y Comercial de Buenos Aires llegó a fallar diciendo que bajo ningún aspecto Monsanto puede obtener una patente por un organismo vivo como una semilla. “Ningún escritor patentaría el idioma, por haber escrito una novela”, exageraron los jueces. Monsanto, de todos modos, ha patentado los eventos transgénicos contenidos dentro de la semilla Intacta, y no el envase.
En estos dimes y diretes, hay sectores de la producción que ya piensa en tomar medidas de fuerza. “En los últimos meses profundizamos el reclamo para que el Estado intervenga para defendernos a productores y cooperativas, que somos los más débiles ante los embates de esta multinacional. Ya estamos en la cosecha y aún el Ejecutivo no tomó ninguna decisión", explicó el titular de la Federación Agraria, Omar Príncipe. Mañana viernes el dirigente encabezará una asamblea de chacareros en Rosario.
Medio de comunicación
Clarin
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Acopio News
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2024-08-26
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Reunión en Santa Fe
2024-08-24
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