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Por Jorge Oviedo.- Sin embargo, no en todos los frentes se divisa una rápida salida. Un apartado especial merece la controversia suscitada con Monsanto. La Argentina fue y es pionera en la introducción en sus campos de los llamados organismos genéticamente modificados (OGM), lo cual le acarreó muchas ventajas pero también conflictos no menores. Entre los últimos, hay que contabilizar la negativa de muchos productores a pagar un canon anual a la empresa, en concepto de derechos de propiedad intelectual por el uso de las semillas.
 
En los últimos años, el gigante de los OGM buscó presionar judicialmente a quienes empleaban las semillas pero no pagaban los derechos referidos. Un estrategia ruinosa que lo puso en una posición de "gigantes contra pobres" y sin los frutos esperados.
 
El problema impacta también en la política interna de Estados Unidos, donde los farmers se quejan de que ellos sí pagan los royalties, por lo que, en consecuencia, tienen que afrontar mayores costos, a priori, que sus pares argentinos. Por otro lado, los accionistas de Monsanto gozan de menores utilidades.
 
En 2008 la semillera lanzó un nuevo evento biotecnológico: una semilla denominada Intacta, que significó un gran avance. Dos son las virtudes principales de estos granos: ofrecen una mayor resistencia frente a las plagas y mayores volúmenes de producción por hectárea sembrada. El producto tuvo aceptación entre buena parte de los sojeros locales.
 
A pesar de todo, gran parte de ellos se mostraron renuentes a pagar el royalty que Monsanto pretendía. Los productores adquirían las semillas, las sembraban, y luego se guardaban algunas de su cosecha propia con el fin de resembrarlas, pero ahora sin girarle dinero adicional a la semillera.
 
Por estos días, una alternativa que se baraja para dirimir la cuestión es que Monsanto exonere a varios productores del pago de la deuda que les reclama. A cambio, se cerraría un acuerdo, con la venia del gobierno nacional, para que los ruralistas accedan a pagar una suma no demasiado cuantiosa de aquí en adelante, por los derechos a usar las semillas. Adicionalmente, se instrumentaría un estricto sistema de controles en los puertos para imponer sanciones sobre quienes remitieron granos de soja pero evadieron el pago del canon. Quizás, además, podría limitarse la resiembra mediante una nueva ley de semillas.
 
Insatisfechos
 
En la empresa sostienen que el pago de este derecho de explotación no complicaría significativamente las cuentas de los productores, en tanto éstos se han beneficiado (y se beneficiarán) por los mayores rindes que conlleva el uso de Intacta.
 
No obstante, no es claro que un acuerdo de esta naturaleza satisfaga a todas las partes, en particular a los productores rurales, quienes se muestran remisos al pago de patentes de forma continua. La Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria Argentina y la Federación de Acopiadores ya hicieron público el rechazo a las pretensiones de Monsanto. Entre otros argumentos que presentan, esgrimen que, si bien reconocen que Monsanto debe percibir una retribución justa por los avances tecnológicos, ésta debería contemplarse en el precio de la semilla y pagarse por única vez en el momento de su adquisición. No se avizora, parece, una clausura pronta del capítulo.
 
El caso es una muestra de los desafíos que enfrenta la Argentina. El arreglo con los holdouts le permitirá al país volver plenamente a los mercados de crédito internacionales. Aunque, en el muy corto plazo, no se espera una brusco descenso de la tasa de interés que la Argentina debe pagar en las plazas extranjeras por colocar deuda.
 
Para que ello ocurra, no sólo los inversores deberán percibir que el país es efectivamente menos riesgoso, sino que también el Gobierno habrá de abordar una agenda de varios problemas, entre los que se cuentan, por ejemplo, la falta de una auditoría de las cuentas públicas por parte de un organismo multilateral (que bien puede ser la OCDE) y esta controversia con Monsanto.