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En un comunicado emitida por Coninagro, las entidades calificaron que a la medida de “claramente discriminatoria hacia el campo y que perjudica especialmente a los productores más chicos, que necesitan un financiamiento genuino para poder seguir produciendo”.
Para las entidades que conforman la Comisión de Enlace, ambas reglamentaciones restringen “expresamente la financiación para quienes producen soja limitando así su capital de trabajo y contradiciendo abiertamente la misión del BNA, tal como se explica en la Carta Orgánica: Los créditos del Banco Nación para el sector agropecuario están destinados a atender todas las necesidades de financiación de los productores, especialmente de los pequeños y medianos”.
Para las entidades agropecuarias, “pensar, además, que todos los productores de soja tienen la misma capacidad financiera es una muestra más del desconocimiento que tiene el Gobierno sobre la situación real del campo argentino”.
Según el comunicado enviado a los medios, la medida “pretende desfinanciar a los productores y obligarlos a vender soja, en caso de que la tengan, desconociendo que gran parte de la cosecha ya no está en manos de los productores”.
 Sin embargo, el principal factor que induce al productor agropecuario a vender el fruto de su esfuerzo en forma escalonada, “si es que lo puede hacer, es la altísima inflación y la necesidad de resguardar el valor de su trabajo a lo largo del año para hacer frente a los gastos y a las inversiones que requiere la producción”, agregó la información.
Por ello, la Comisión de Enlace pidió expresamente que “se revierta esta medida discriminatoria contra el campo, que se permita al agro financiarse en igualdad de condiciones que el resto de los sectores de la economía, y que el gobierno tome urgentes medidas para revertir la grave situación generada por el desmanejo económico y financiero a todos los niveles de gobierno, en vez de trasladar –una vez más- la responsabilidad de sus propios errores al campo”.