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Por Santiago del Solar 
La supuesta intención de esta resolución, emitida en su momento por la disuelta Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), es autorizar sólo la exportación de volúmenes considerados como el "remanente exportable" y que no afecten el consumo interno.
Para calcular el "remanente exportable", antes, durante o después de la cosecha, se convoca habitualmente a la "Mesa del maíz" que, en teoría, reúne a todos los integrantes de la cadena de valor de ese cereal aunque en la práctica los sectores de la producción nunca están invitados.
Se recurre a la precariedad de que se trata de una simple suma de la cosecha actual más el remanente de la pasada menos el consumo interno estimado. No se tiene en cuenta que el cálculo es sumamente complejo ya que el maíz tiene, en otros granos forrajeros y subproductos, sustitutos tales como el sorgo, el maíz ensilado, la cebada forrajera y otros que funcionan como vasos comunicantes, generando una dinámica de reemplazos según accesibilidad, costos y calidades disponibles en el mercado, que varían sustancialmente año a año. También existe todos los años una importante variabilidad en la cantidad demandada por los distintos sectores que consumen granos forrajeros.
NÚMERO QUE SE REPITE
Es curioso, siempre se repite que el tonelaje para garantizar el consumo interno es de 8 millones de toneladas, cifra que no resiste ni siquiera ser contrastado con la resta entre el volumen producido en el país menos las exportaciones una vez concluido el ciclo, según los datos del propio Ministerio de Agricultura.
El hecho de reservar anticipadamente un volumen para el mercado interno que excede la demanda real genera una sobreoferta artificial durante todo el ciclo comercial. Esa sobreoferta garantiza abultados márgenes para el sector comprador a expensas de la producción.
Finalmente se termina exportando un volumen mucho mayor que el estimado inicialmente, pero esas ventas externas se concretan en forma gradual y al compás de las autorizaciones cuotificadas que aseguran tanto la sobreoferta como los descuentos en el precio del maíz que recibe el productor. Esto evidencia el error de cálculo de los 8 millones de toneladas de maíz comercial que supuestamente consume el mercado local.
Vale aclarar que no todos los sectores consumidores de maíz utilizan las herramientas de mercado disponibles para realizar coberturas. Así desaprovechan la posibilidad de cubrirse de los vaivenes del mercado y también la posibilidad de asegurase el abastecimiento de mercadería. De utilizar esos mecanismos no tendrían que recurrir al Gobierno como garante de los riesgos empresariales e ineficiencias que, en definitiva, terminan trasladando como costos al resto de los eslabones de la cadena de valor, con consecuencias negativas para la economía nacional.
Durante esta campaña tuvimos nuevamente un anuncio de liberación de 15 millones de toneladas de maíz, que de cumplirse paradójicamente pone un techo al volumen que se puede comerciar y que, por consiguiente, resulta un claro mensaje negativo a los productores al fijar un límite a la posible área sembrada en el país.
Con el actual panorama productivo ya estamos frente a otro nuevo escenario de sobreoferta de maíz en el mercado argentino. De esta manera un volumen importante de maíz no tendría comprador genuino, ya que la exportación cubrirá el cupo máximo autorizado y el consumo doméstico va a ser sobrepasado por la oferta.
Una de las consecuencias de estas medidas es que en el año en que los Estados Unidos fracasó en su producción de maíz por la sequía, y en un contexto histórico favorable para la Argentina, no sólo el país no aumentó el área de siembra sino que disminuyó. El mundo necesita maíz y nuestros suelos y agricultura también para poder continuar en la senda de una agricultura sostenible.
Foto: Martín. G. Álzaga