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Castigar a las instituciones tiene un costo económico
No hay parámetros económicos para medir el daño a las instituciones, pero en la Argentina el campo ha crecido por la formación de redes y de cadenas de producción. Las empresas de insumos no hubieran podido hacer nada si hubieran tenido como clientes a agricultores poco dispuestos a enfrentar el riesgo y las ansias de superación. De igual forma, sin compañías que se enfoquen en la investigación y el desarrollo, los productores no habrían tenido herramientas para crecer. La vinculación económica puede ser entendida claramente, pero cuando se trata de llevar esa relación al plano social o institucional las dificultades son mayores. Esto se vio en 2002, después del estallido de la Convertibilidad y la devaluación del peso afectó las deudas contraídas en dólares. En aquel entonces se hablaba de restablecer la confianza, la principal moneda que tenía el campo para salir de la crisis. Muchos lograron sortear las dificultades apelando a esa moneda que los mercados no registran en sus cotizaciones, otros no lo hicieron. La construcción de confianza será seguramente una de las tareas más difíciles que tendrán ante sí las instituciones de la producción en los próximos años. No es una tarea fácil porque el Gobierno ejerce el principio del "divide y reinarás" con los extraños y los propios. En todos los ministerios hay pujas internas con secretarios de Estado que tienen mejor acceso a la Presidenta que los ministros. En Agricultura, por ejemplo, el ingreso de Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita, como subsecretario de Agricultura Familiar, provocó malestar en el titular de la cartera agrícola, Norberto Yauhar. Pérsico ya logró frenar el envío del proyecto de ley de semillas que se había elaborado en la Secretaría de Agricultura y Yauhar le mantiene congelados los fondos para los programas de Agricultura Familiar que proyecta instrumentar Pérsico.
Sin embargo, en el momento de tomar a las entidades más tradicionales y de mayor raigambre como adversarios políticos no hay fisuras internas en el kirchnerismo: nadie cree que haya espacio para dialogar. Es esa intransigencia la que provoca reacciones como la que se expresó en el pronunciamiento de la asamblea de productores realizada anteayer en la Sociedad Rural de Azul con la presencia de unos 500 productores de 49 localidades de diversas regiones del país. En ese encuentro, en el que reclamaron diversas medidas de protesta a la Comisión de Enlace, dijeron que el campo "está harto de los incumplimientos reiterados de promesas; los fracasos de todas las políticas para el campo; las agresiones a los derechos de libertad y de la propiedad privada; la falta de diálogo permanente y el ninguneo del campo; las agresiones sufridas con aumentos confiscatorios de los impuestos; la inseguridad en las rutas, y la subestimación de los desastres por sequías e inundaciones".
Ese mismo día, la Mesa Agropecuaria Provincial se reunió con el gobernador bonaerense Daniel Scioli para transmitirle alguna de esas preocupaciones. Más allá del gesto del mandatario provincial de diferenciarse de la Casa Rosada recibiendo a los dirigentes rurales no se obtuvo mucho más que promesas de acelerar la firma de decretos de declaración de emergencia por las últimas inundaciones. Scioli le pidió al ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, que reclame en el Ministerio de Agricultura de la Nación una solución a los problemas de comercialización del trigo y la cebada. Quizás debió orientarlo por la ventanilla correcta: las cuestiones comerciales, que son vitales para establecer una política agropecuaria, no están en manos del ministerio respectivo sino del secretario Guillermo Moreno. A esta altura Scioli debería saberlo.
RESUMEN
295,6
Miles de hectáreas
Son las que se prevén sembrar con soja de segunda en el centro norte de Santa Fe.
LA FRASE
"Atacan al agro por no ser parte de la corte del empresariado adicto"
Juan casañas
Diputado (UCR- Tucumán)
Foto: Infocampo
“La baja de los precios internacionales de los granos y la actualización de costos nos colocan en una zona roja de la cual debemos salir de manera inmediata”, dijo el titular de la Federación de Acopiadores, Fernando Rivara.
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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