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Por Mariano Galíndez
Tal como se anunció el viernes, el disparador de la huelga, que es de un día, fue “un nuevo embate del gobierno contra el campo”, según los ruralistas. Ese nuevo embate fue la confiscación del predio de Palermo administrado desde hace más de un siglo por la Sociedad Rural Argentina (SRA) pero que en los 90 el gobierno de Carlos Menem había cedido su propiedad; un pase que para la actual administración de Cristina Fernández fue fraudulenta y por eso dio de baja.
Pero también se protesta contra una resolución de la Afip del viernes que apunta directamente al corazón del financiamiento de la Federación Agraria Argentina (FAA): la quita de la potestad de comercializar los certificados de acopio conocidos como C1116 en sus distintas variables ya que desde marzo se manejará ese sistema de declaraciones a través de Internet como factura electrónica.
Pero la onda expansiva de esa medida llegó hasta las entidades gremiales del acopio, que junto con Federación Agraria estaban habilitadas a comercializar esos certificados con los que se liquidan al productor la venta de sus granos.
“Las medidas nos perjudica mucho”, advierte a punto biz el gerente de la Sociedad Gremial de Acopiadores de Rosario, Guillermo Llovera. “Además de la pérdida del importante ingreso que representaba para nuestra entidad, nosotros tenemos una estructura unas diez personas trabajando exclusivamente en la administración del sistema y ahora sin previo aviso lo dan de baja”, insiste.
Es más, la entidad acopiadora rosarina había anticipado compras por más de 50 mil formularios de cara a la próxima cosecha, y si bien esperan vender bastantes de acá a marzo, cuando empieza a regir la factura electrónica, saben que no podrán recuperar la inversión
“Independientemente de la conveniencia o no para el productor de la utilización de la factura electrónica, el problema es que nosotros quedamos atrapados por la pelea entre el gobierno y la Federación Agraria y a poco de empezar la cosecha sin previo aviso nos corren de la administración del sistema”, se quejó Llovera.
En la misma volteada habían caído las entidades acopiadoras cuando en 2008 tras el conflicto por la Resolución 125, Echegaray había dado una estocada semejante a la salud económica de la FAA, al quitarle la venta de otro documento oficial, las Cartas de Porte.
Foto: Martín. G. Álzaga