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Por Matías Longoni
El jueves pasado, la Mesa de Enlace presentó un informe sobre la cuantiosa inversión del sector agropecuario y volvió a pedir diálogo con un gobierno que no mantiene reuniones periódicas con los ruralistas desde 2008. La respuesta oficial tomó por sorpresa a quienes tendían su mano: ese mismo día se anunció la confiscación del predio de Palermo administrado desde hace más de un siglo por la Sociedad Rural Argentina (SRA). Y al día siguiente, el Boletín Oficial publicó otra resolución que apunta directamente al corazón del financiamiento de la Federación Agraria Argentina (FAA).
Ambas medidas, lanzadas en simultáneo contra las organizaciones que representan los dos extremos ideológicos del bloque que le propinó a Cristina Kirchner su primera gran derrota política, provocaron que los dirigentes agropecuarios, sin excepción, calificaran los sucesos como parte de una “persecución política”. De allí la reacción, unánime aunque tibia, de un paro ganadero este miércoles 26, ratificado ayer.
En una solicitada publicada ayer en los principales diarios, la Sociedad Rural denunció “una campaña persecutoria y difamatoria llevada adelante por el Gobierno nacional contra su institución y contra todos aquellos sectores que expresan un pensamiento diferente al oficial”. En la misma sintonía, ayer un comunicado de la FAA de Eduardo Buzzi, acusó al Poder Ejecutivo de actuar así por “revanchismo”.
Lo cierto es que mediante un decreto, el Estado avanzó en recuperar el enorme predio de exposiciones donde la SRA realiza todos los años desde 1875 su tradicional feria ganadera. Aunque la administración de ese centro es realizado por una empresa, la entidad es socia en 50%. Por eso, además de a su historia, la confiscación podría representar un golpe directo a las finanzas de la SRA, que avisó que recurrirá esta semana a la justicia para frenar esa decisión.
Igual desgracia debería afrontar la organización que dirige Buzzi con la resolución 3418, firmada por el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. En esta se anula una norma conjunta con el Ministerio de Agricultura en 2003, en tiempos de Néstor Kirchner, que otorgó a la FAA y otras entidades la potestad de comercializar los certificados de acopio conocidos como C1116. Echegaray argumentó que ahora manejará ese sistema de declaraciones a través de internet.
En 2008, tras el conflicto por la Resolución 125, Echegaray había dado una estocada semejante a la salud económica de la FAA, al quitarle la venta de otro documento oficial, las Cartas de Porte. Por eso, buena parte de la actividad gremial de la centenaria entidad, que adhirió a los paros y marchas lanzados por la CGT y la CTA, se financiaba con la venta de los formularios oficiales ahora derogados.
Foto: Clarín