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La reacción del campo no tardó en llegar. Horas después de conocerse la sorpresiva decisión del gobierno de estatizar desde hoy el predio ferial de la Sociedad Rural en Palermo, el flamante presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, consideró a la medida como "una venganza por la 125" y advirtió que "en muchos lugares del país están en estado de alerta por el ataque al campo".
"Entendemos que es un ataque no solamente a la Sociedad Rural Argentino sino también al campo. Es una venganza por la 125", expresó el titular de la entidad, que reemplazó en el cargo a Hugo Luis Biolcati, en relación a la polémica resolución que disparó la batalla con el campo en 2008 y que terminó con el voto no positivo de Julio Cobos. "Esta medida se enmarca dentro de un sistemático ataque a nuestra institución que debe interpretarse como un ataque al sector productivo en general y al campo en particular", agregó.
"Esto es una represalia por ser libres", subrayó en diálogo con Radio 10 el presidente de la SRA, al mismo tiempo que fue más allá: "Este ataque lleva a querer romper el vínculo con los habitantes de la ciudad que año tras años visitan la exposición del campo allí". Este año, la tradicional exposición de ganadería que se realiza en el predio de Palermo cumplió su 126ª edición. La primera muestra en ese espacio se realizó en 1878.
Asimismo, Etchevehere remarcó que "la SRA lleva invertidos más de 100 millones de dólares" para convertir el terreno en lo que hoy es "un predio moderno, perfectamente adaptado a la ciudad de Buenos Aires donde se realizan todo tipo de exposiciones". "Ese decreto es una aberración jurídica, la Sociedad Rural pagó por el precio que le puso el Estado, hubo tasaciones oficiales", concluyó.
Mediante el decreto 2552/2012, publicado hoy en el Boletín Oficial, la presidenta Cristina Kirchner dispuso revocar la venta que el Estado había hecho en 1991, durante el gobierno de Carlos Menem, por considerarla irregular. Por esa operación, el juez federal Sergio Torres había procesado al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y a otras diez personas involucradas en la compraventa, a quienes consideró responsables de sustracción del patrimonio del Estado.



A partir de hoy, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ex Onabe) tomará posesión del predio ubicado entre las avenidas Santa Fe y Sarmiento y las calles Cerviño y Santa María de Oro.
Según trascendió de fuentes de la SRA consultadas por este diario, la alternativa de máxima es tratar de lograr que quede sin efecto el decreto en la Justicia. Pero también se plantearía el escenario de realizar una demanda para eventualmente exigir una indemnización.
La medida no es una expropiación, que debería haber pasado por el Congreso, sino que se trató de una revocación de un viejo decreto de Menem que había autorizado la venta de esos terrenos del Estado. El inicio de esa operación fue un 20 de diciembre de 1991, mismo día en la que la Presidenta decidió anular la operación.
El argumento central que usó el Gobierno para dar de baja la venta fue la investigación de Torres. "El juez interviniente consideró que quienes resultaron procesados sustrajeron del patrimonio del Estado Nacional el inmueble en el cual se ubica el predio ferial de Palermo mediante la maniobra de asignarle un menor valor", apuntan los considerandos del decreto presidencial.
Foto: La Nación