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El gobernador bonaerense Daniel Scioli, a mitad de año, fue uno de los primeros en retocar la estructura de ingresos de su provincia. Envió un paquete fiscal a la Legislatura, que fue muy resistido por el campo porque implicaba un revalúo importante de las explotaciones agropecuarias.
La mecánica de recurrir rápidamente a una suba del Impuesto Inmobiliario Rural se repitió luego en el Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, las otras grandes provincias agrícolas, y se está generalizando en todo el país. Incluso en zonas más desfavorecidas para la actividad agrícola, como Formosa, se han aplicado alzas a ese gravamen que llegarían al 600%.
Muy cerca de allí, en el Chaco, el gobernador Jorge Capitanich debió salir a calmar a los dirigentes rurales, que se alarmaron con la noticia de que una nueva reforma tributaria podía llegar a resucitar incluso un impuesto a la “renta potencial” de la tierra.
“El campo sufre una presión impositiva récord ya que -además de los impuestos a las ganancias, bienes personales, al cheque, Ingresos Brutos, Inmobiliario y las tasas comunales-, enfrenta un impuesto a las ventas (retenciones a la soja) del 35%, del que el resto de la economía está exento. Como consecuencia, la presión impositiva es un 50% más alta” se quejó días atrás la Sociedad Rural Argentina.
Foto: Martín. G. Álzaga