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Por Jorge Gestoso 
Luego de las primeras inundaciones ocurridas en las primaveras de 1998 y 1999, el gobierno de Córdoba logró que el estado nacional proyectara e iniciara las obras de una red de canales de desagüe que comenzó a evacuar las aguas de las zonas inundadas, pero que al poco tiempo fueron cerrados por reclamos de la provincia de Santa Fe debido al desborde la laguna La Picasa pues no estaban terminadas las obras para su escurrimiento hacia el río Paraná. Entonces, como siempre lo hace la política, se anuncian e inician obras imprescindibles que no se llegan a terminar una vez superadas las urgencias políticas. Las obras comenzadas y nunca terminadas tienen más de veinte años desde su inicio. Una verdadera barbaridad y un despilfarro económico del que nadie se hace responsable.
Las pérdidas que en muchos casos son totales, afectan a los productores y también a las arcas públicas tanto provinciales y especialmente a las nacionales que aplican el discriminatorio y claramente inconstitucional impuesto a la producción bruta de cereales y oleaginosas en una escala que va del 20 al 35%. De lo que queda el productor debe pagar 35% por el impuesto a las ganancias si las hubiere, pues violándose así el principio de igualdad ante la ley por la doble imposición. También están perjudicados quienes trabajan en las tareas de recolección, transporte y comercialización de la producción que normalmente se los retribuye porcentualmente con el resultado a producción.
Cabe entonces que tanto el gobierno nacional como los provinciales involucrados se den cuenta que si el campo tuviera beneficios impositivos como se lo hace con algunas actividades industriales, la meta de los ciento cincuenta millones de toneladas sería posible de lograr poco tiempo, aumentándose considerablemente la recaudación impositiva. Urge entonces terminar las obras mejorándolas si es posible.
También las tasas de interés de los préstamos otorgados por los bancos oficiales deberían ir en consonancia con los niveles de producción de cada productor beneficiando con menores tasas en los créditos a los más eficientes con lo que también se lograría un plus en el incremento de la producción. Para que se entienda pagar porcentualmente menos a mayor producción. Además se pondría en igualdad de derechos a la producción del campo con la de la industria subvencionada terminando así con las odiosas discriminaciones y cumpliendo con el derecho constitucional de igualdad ante la ley.
Seguramente se podría recaudar más por ésta y otras formas de incentivación que podrían darse en un programa moderno de impuestos que apunte a lograr una mayor producción. Hasta ahora los productores agropecuarios son los más perjudicados por el distorsionado y obsoleto sistema impositivo que afecta también a otras actividades económicas.
Hoy estamos en la cresta de la ola y con viento de cola en cuanto a precios por causa de un mercado internacional demandante y ávido por alimentos, especialmente por Asia y por algunas naciones africanas. Los productores están en condiciones de acrecentar la producción. Son el gobierno nacional y los provinciales quienes pueden hacer realidad lo aquí expresado.
Foto: La Nación