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Luego del ultimátum que les diera el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, reclamando que paguen urgentemente una controvertida deuda por unos US$ 600 millones y diversas medidas que se tomaron con el fin de presionarlos para que cumplan con esa orden, entre los exportadores de cereales hay consenso en no acceder al pedido del funcionario y, por el contrario, continuar una pelea que ya iniciaron en la Justicia.

En paralelo, redujeron el ritmo de embarques y se retiraron del mercado de granos.

Se trata de un dato novedoso en la relación de los exportadores de cereales con el Gobierno, que en los últimos años asintieron casi sin chistar a los pedidos oficiales y hasta fueron beneficiarios indirectos de su política, ya que a causa de la intervención en el mercado de trigo y maíz lograron hacer márgenes históricos en esos granos aprovechando a comprar más barato con exportaciones cerradas para luego vender con el mercado abierto.

"Nos cansamos. Esta vez no se va a hacer lo que quiere el Gobierno. Vamos a seguir con la instancia judicial", señaló una fuente del sector. "Se va a pagar si corresponde, pero si no, no se va a pagar", contó otra fuente.

En otra empresa dijeron que el monto que reclaman las autoridades es "una millonada". Dejaron, así, entrever, la disconformidad con el Gobierno.

Algunos sostienen que las empresas cuentan en su favor en la pelea con una carta importante: pueden parar, en un momento en que el Gobierno necesita dólares, la liquidación de divisas si así lo pretendieran hacer.

El origen de la disputa tiene que ver con un recálculo de retenciones que el Gobierno les exige a los exportadores. En noviembre de 2007, ante diversas versiones sobre un inminente aumento de retenciones a la soja del 27 al 35 por ciento en la soja, los operadores se apuraron a declarar ventas demercadería aún sin haberlas comprado. En medio de una ola de rumores, en poco tiempo se anotaron más de 18 millones de toneladas.

En septiembre de ese año, el diputado Rafael Martínez Raymonda presentó un proyecto que obligaba a las empresas a acreditar la tenencia de la mercadería antes de la suba de las retenciones. Esa iniciativa tuvo algunos retoques en el Congreso y luego, en pleno conflicto por las retenciones móviles, la presidenta Cristina Kirchner ordenó que se especificara por cuántas toneladas había que pagar la diferencia de retenciones.

Los exportadores empezaron a cuestionar la norma por inconstitucional al reclamarse algo retroactivo y concurrieron a la Justicia. Algunas acordaron pagar parte de su deuda a la AFIP. En mayo pasado, por ejemplo, se estimaba que de 53 empresas al menos 20 habían pagado deudas por algo más de 300 millones de dólares.

Según publicó La Nación, el Gobierno estuvo sumando distintas trabas para presionar a las empresas a cancelar esa deuda. Además de reclamar que no tengan deudas surgidas tras la ley Martínez Raymonda para poder estar habilitados en el Registro de Operadores de Soja Autorizados (ROSA) y la verificación del peso del barco con una medición del calado (medida conocida como draft survey), se sumó el dato de que no han renovado permisos provisionales de algunos puertos.

"Tres permisos que se vencieron no fueron renovados", contó una fuente.

Foto: Martín. G. Álzaga