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En una declaración difundida ayer, la CE cordobesa manifiesta "el más firme rechazo del sector a la implementación de un nuevo gravamen en la Provincia. La negativa del campo a realizar un mayor aporte se sustenta en que se incrementó – sin consulta previa – el tributo inmobiliario rural para la anualidad 2012 en concepto de Fondos específicos ("Consorcios Canaleros", "de la Red Firme Natural", "para Infraestructura y Gasoductos), lo que significa que en los últimos diez años el aumento ha sido de un 583% y supera ampliamente la variación en el valor de lo producido, cuestión desconocida para muchos ciudadanos cordobeses que reclaman insistentemente al Gobierno Provincial equilibre el déficit de recursos con el aporte del sector productivo".

Considera "imprescindible que los responsables del análisis del Proyecto de Ley sujeto a tratamiento determinen, fehacientemente, el objeto de la pretendida "Tasa Vial Provincial" como el alcance de la definición "consumidores de combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en la Provincia de Córdoba", toda vez que a) mientras en el Art. 1 se establece que resultan comprendidos "la planificación, el estudio, proyecto, construcción, conservación, mejoramiento, modificación y/o mantenimiento del sistema de autovías, carreteras y/o nudos viales", en el Art. 3 se define que "la tasa" estará destinada a retribuir la prestación de los servicios que demande "el mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado..." es decir, se omite la construcción de autovías, carreteras y/o nudos viales; b) el Dr. De la Sota ha manifestado la intención de eximir del pago de "la tasa" al transporte público de pasajeros y al sector agropecuario".

La génesis del problema

Todo lo anterior está relacionado con el conflicto que enfrenta al gobierno de Córdoba con el de Cristina Fernández. La Provincia reclama que la Nación cumpla compromisos contraídos para financiar el déficit de la Caja de Jubilaciones, a los cuales omite desde el año pasado, bajo el pretexto de que la administración local incumple con otras obligaciones que asumió para "armonizar" el sistema previsional.

El reclamo por varios centenares de millones de pesos -al menos 2.000 millones- y ya ha interpuesto un recurso ante la Suprema Corte de Justicia, que ha fijado audiencia para el 10 de septiembre.

Simultáneamente, De la Sota y la Legislatura aprobaron "denunciar" (dar por finalizada) su adhesión al pacto Fiscal de 1992, por el cual las provincias aportaban un 15% de los fondos impositivos coparticipables para sostener el sistema previsional que administra la ANSES.

El gobierno nacional ha replicado al gobernador a través de avisos difundidos el último fin de semana en las transmisiones de partidos de Futbol para Todos y declaraciones de algunos funcionarios. La Nación sostiene que no debe nada a Córdoba y le formula diversas acusaciones.

Grupos políticos afines al kirchnerismo han sugerido al gobierno provincial un ajuste "estilo Scioli", con incremento de gravámenes al agro. De la Sota ha proclamado que no hará eso y ensaya alternativas: la tasa de 30 a 40 centavos sobre el litro de combustible que se venda en Córdoba -está en plena discusión- y un diferimiento de 6 meses de los aumentos que se otorgaban a los jubilados provinciales cada vez que se aplica un incremento de los sueldos de los empleados públicos activos. Esto último, le ha valido un conflicto con los gremios estatales, que decidieorn medidas de protesta y paros.

Foto:diaadia.com.ar