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Por Fernando Bertello

Los pools de siembra son actores importantes en la producción agrícola. Foto: Archivo

Luego de que el gobierno bonaerense de Daniel Scioli confirmara recientemente su intención de avanzar en un impuesto a los pools de siembra, desde estos actores y entidades gremiales advierten que una mayor presión impositiva sobre estos grupos podría terminar afectando al sector de la producción en general.

A nivel país, se estima que las quince empresas más grandes de siembra producen sobre 1,5 millones de hectáreas y entre el 40 y el 50% de esa superficie la trabajan en Buenos Aires. La mayor parte de esas hectáreas se hacen sobre tierras alquiladas y emplean para ello una red de profesionales, contratistas y firmas de insumos. De hecho, en la Argentina el 60 por ciento de la cosecha se realiza en campos alquilados.

Sin embargo, la definición de pool suele ser difusa, ya que allí confluyen tanto grandes actores que tienen inversores propios como pequeñas firmas de un pueblo donde profesionales del agro siembran a partir del dinero que aportan pequeños ahorristas. Inclusive, hay pools formados a partir de pequeños productores agrupados que decidieron ganar en escala.

"Cualquier cosa que grave a los pools va a afectar también a un sistema de producción con alquileres y a una red de contratistas y profesionales que genera empleo. Hoy también muchos productores chicos se financian con productores grandes para acceder a servicios. Esto puede tener un efecto más negativo que la recaudación que se piensa obtener", dijo Luis González Victorica, presidente de Cazenave & Asociados, uno de los mayores grupos de siembra del país.

Scioli presentó este tema, sin dar mayores precisiones, en una reunión con dirigentes de la Mesa Agropecuaria bonaerense en julio pasado que lo fueron a ver por el impacto del último revalúo de tierras. Scioli indicó que impulsaba un tributo a los pools porque existen "algunos nichos de carácter más financiero que productivo".

"Se está empezando a trabajar", dijo ayer un vocero del Ministerio de Economía provincial, sin dar mayores detalles sobre la iniciativa.

Rechazos

En ese encuentro, Daniel Pelegrina, secretario de la Sociedad Rural Argentina (SRA), le advirtió al gobernador, cuando éste planteó el tema de los pools, que la "prioridad es el impacto del revalúo". "No tenemos idea de lo que están pensando; están acostumbrados a desviar la atención con otros temas", señaló.

Julio Currás, vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA), que también estuvo en la reunión se sumó a las críticas. "Estamos en contra de la concentración, pero esto existe porque las políticas públicas son malas", subrayó el dirigente.

Desde El Tejar, otro de los grandes grupos de siembra, dijeron que no tenían "una opinión formada para opinar sobre el tema". En este contexto, Guillermo Villagra, socio del grupo inversor Openagro, opinó que la medida podría socavar la actividad de estas empresas.

"Estamos acostumbrados a que en nuestro país se meta mano a las cosas que funcionan para que dejen de funcionar. Claramente, si aplican un impuesto a los pools de siembra, quizá ya no sería tan rentable y tenderían a disolverse, con el resultado de menor producción, menor eficiencia en los costos y, por ende, menores ingresos fiscales. Que cada año tengamos cosecha récord es también gracias a los pools", argumentó Villagra.

Roberto Frenkel, presidente de la Cámara de Inmobiliarias Rurales (CAIR), también embistió contra el proyecto de Scioli. "Está bien favorecer al pequeño productor, pero con esto se castigaría a un pool sin tener en claro a quién se beneficiaría", dijo. "Hablar de pool es muy genérico, porque hoy muchos chicos son pools locales", agregó.

El caso de Buenos Aires remite a otro antecedente en Entre Ríos. Allí ya tiene media sanción del Senado un proyecto de ley para que quienes produzcan en esa provincia estando domiciliados en otras paguen una tasa de entre el 4,5 y el 6% por el uso de las tierras. En el supuesto que todos los productores quedaran afectados por la nueva norma, Entre Ríos recaudaría entre $ 350 y 450 millones de pesos.

Foto: Martín.G.Álzaga