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Por Manuel Alvarado Ledesma

La situación de premura financiera de las autoridades es más fácil de entender que lo que se dice. Por más que pretendan justificarla por diferentes razones, ajenas a la política económica, la realidad es simple: estamos en un escenario macro de aceleración de la inflación y aumento de costos, en un cuadro donde los subsidios se han multiplicado por 30 en los últimos 8 años, sin resultados en el servicio a la gente.

No sólo se trata de un problema de déficit fiscal sin también comercial. Convivimos con una fuerte distorsión de precios relativos, entre los bienes que se comercializan internacionalmente y los servicios privados y los que otorga el Estado, fundamentalmente porque la tasa de depreciación del peso respecto al dólar se ha ido quedando con respecto a la de la inflación. Para decirlo con todas las letras: el dólar actual es semejante –o incluso algo inferior- al de la convertibilidad.

Por eso, el saldo del balance comercial se ha derrumbado, al tiempo que se ha incentivado la dolarización de portafolios por ausencia de activos indexados en pesos. A resultas de ello, el gobierno está racionando la venta de dólares de las reservas del Banco Central y el dólar “negro” se ubica muy por encima del oficial.

La economía, entonces, está en un círculo vicioso que, de no adoptarse medidas para abandonarlo, exige nuevas y nuevas intervenciones del gobierno para “ir tirando”. Tras más recursos.

En este esquema de escasez, el gobierno aprecia al sector agrícola como una atractiva fuente de financiamiento. Más precisamente, mira a la soja.

Se estima que aún queda un volumen de 10 millones de toneladas de soja sin vender.

Con tal volumen, el gobierno, deseoso de nuevos dólares, ha iniciado una campaña de presión sobre los principales exportadores, como Cargill, Dreyfus, Bunge y AGN, para acelerar las ventas al exterior.

El número que hoy se calcula en las esferas oficiales es muy distinto al que se estimaba apenas dos o tres meses atrás. Al tomar, por ejemplo, un valor de u$s 620 FOB Up-River, el ingreso de divisas por parte del complejo de la soja giraría en torno a la suma de u$s 6.800 millones.

Tal nivel de exportación representaría, en términos gruesos, una entrada fiscal del orden de u$s 2.300 millones en concepto de derechos de exportación. Monto que vendría muy bien para las sedientas cajas fiscales.

Desde esta perspectiva, las autoridades pretenden, para lo que resta del año, la entrada de divisas correspondiente a este volumen de soja. Y aprovechar estos valores internacionales que podrían ceder, a inicios del año próximo, si la campaña en Sudamérica camina sobre rieles.

Pero en esta suerte de caza de dólares, el gobierno enfrenta un problema: la mayor parte de la mercadería no está disponible para los exportadores. En rigor, pertenece a los agentes agrícolas; y, además, una gran proporción de se halla almacenada a granel en silos-bolsa, en la zona de producción. Concretamente, en el campo.

A su vez, los agentes se muestran reticentes a vender y más bien sólo lo hacen cuando deben cumplir con obligaciones impostergables.

No apuran las ventas dado el panorama. ¿A qué nos referimos? Pues bien, al contexto internacional y al cuadro interno. Respecto al primero, los agentes perciben que podría presentar una mejora y, por ende, incidir favorablemente en los precios. Con relación al cuadro futuro interno, apuestan a una mayor depreciación del tipo de cambio oficial (valor al que está atado la soja) por encima de la tasa oficial, bajo la presión de ambiente de inflación elevada donde no hay mayores alternativas para volcar los excedentes financieros.

Así las cosas, deberíamos contemplar como posibilidad una acentuación en las políticas intervencionistas.

Es posible que la acción oficial se dirija a presionar a la producción para acentuar el ritmo de ventas, aún cuando ella implique una nueva intromisión en los derechos de propiedad.

En definitiva, éste es un gobierno que maneja magistralmente la ingeniería policial. Porque es allí donde se mueve como pez en el agua.

Foto: Martín. G. Álzaga