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Después de que terminó el encuentro entre José Manuel de la Sota y medio millar de empresarios convocados especialmente al Centro Cívico para exponer los alcances de la reforma previsional, la denuncia del Pacto Fiscal y la creación de una “tasa vial” en el consumo de combustibles, diferentes referentes de la actividad económica cordobesa avanzaron en conclusiones de distinto tenor.

Si bien el gobernador no pidió a los invitados, entre los que se encontraban ejecutivos, dirigentes gremial-empresarios y, a nivel individual, dueños de Pyme, ningún tipo de compromiso explícito (tampoco había prensa como para testimoniar las reacciones), fue inevitable que algunos asumieran por lo bajo posicionamientos, desde apoyo hasta objeciones. No se conocieron rechazos.

De la Sota se centró en los argumentos que expuso en la Unicameral para denunciar el pacto fiscal y reclamar el 15 por ciento de coparticipación primaria que Córdoba resignó en su momento a manos de la Nación, descartó la necesidad de subir otros impuestos para cubrir el rojo previsional y dijo que con el ajuste programado se conseguirán unos 900 millones de pesos para 2013, la mitad del rojo previsional.

“No hubo mucho más de lo que ya se conoce”, comentó un industrial de la madera que no ocultaba ayer su asombro por la invitación. “Me hicieron tres llamados para que fuera”, dijo. Otros consideraron muy clara la exposición del titular de la Caja de Jubilaciones, Osvaldo Giordano. “Fue didáctico, mostró que la Caja ha hecho esfuerzos para adaptarse a las exigencias de la Nación y comparó el escenario con otras provincias”, relató en este caso un referente del desarrollismo.

Ese interlocutor descartó también que en los próximos días las entidades empresariales vayan a decir algo sobre el paquete de disposiciones.

Estaban también dirigentes del sector agropecuario -el caso de Cartez y la Sociedad Rural de Río Cuarto- que históricamente demostraron un vínculo cordial con el gobernador por el apoyo que este manifiesta a la producción agropecuaria y a la cadena agroalimentaria en general, un tándem que, interpretan en el ambiente rural, hasta podría convertirse en una bandera de los avances logrados en Córdoba para el caso de que De la Sota quiera ser postulante presidencial. La cada vez mayor cantidad de proyectos en biodiésel entran en esa línea argumental.

La aclaración de De la Sota acerca de que no se modificarán otros impuestos contrasta con el pedido de los gremios estatales para que aumente el impuesto inmobiliario rural, como una forma adicional de financiar el déficit previsional.

Sin embargo, cuando ayer empresarios vinculados a la actividad agropecuaria repasaron las medidas, repararon en que el paquete contiene una transferencia de, como mínimo, unos 250 millones de pesos desde el campo a las arcas provinciales. Es por la aplicación de la tasa vial que representa 30 centavos por litro de combustible y 10 centavos por metro cúbico de gas natural comprimido.

El monto que pasará de manos de los productores al Estado deviene de una multiplicación sencilla. En el proceso de siembra, protección y cosecha de cultivos, más los viajes del cereal desde la chacra al galpón y de ahí a los puertos, junto con el uso intensivo que se hace del gasoil en los tambos, el campo emplea un piso de 812 millones de litros de gasoil por año. Multiplicada esta cifra por 30 centavos arroja 243,6 millones de pesos de tasa vial.

El monto es mucho mayor si se contabilizan otras acciones que los productores despliegan con gasoil o GNC, como el uso de camionetas.

Hay otra discusión. ¿Es una tasa o un impuesto? Los tractores que funcionan en los tambos consumen unos 20 litros de gasoil por hora (seis pesos de tributo) pero jamás pisan una ruta. Lo mismo ocurre con otros equipos que necesitan ese combustible tranqueras adentro.

Foto: especiales.autocosmos.terra.com.ar