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Por Ing. Agr. Alicia Cavallo

La Facultad fijó posición a través de un documento que difundió en forma oficial. Lleva la firma de la Ing. Agr. Alicia Cavallo, del Departamento Protección Vegetal de la unidad académica. "En la cadena de responsabilidades de fiscalización y control, no debemos obviar el rol desempeñado por los gobernantes de turno y "opinólogos" del momento. Aquellos que seducidos por las cámaras conducían la opinión pública sin suficientes fundamentos. En este sentido, reconocemos que si bien los plaguicidas son tóxicos, con un manejo apropiado no son suficientes para causar tantas muertes", dice uno de los párrafos de la declaración.

El caso Barrio Ituzaingó Anexo

El caso de Barrio Ituzaingó Anexo ha tenido repercusión nacional. Desde hace una década, pobladores del sector denuncian que numerosas muertes y casos de cáncer obedecen a las aplicaciones de agroquímicos en campos contiguos a la barriada. Ésta se fue instalando al lado de los predios rurales y luego expandiendo sobre ellos.

La intervención judicial a raíz de aplicaciones que efectuaron productores que explotan esos predios ha conducido a un juicio en el cual están imputados dos agricultores y un aeroaplicador. El proceso comenzó el lunes último en los tribunales de Córdoba. Se los responsabiliza de supuestamente haber infringido normas relativas a las pulverizaciones en áreas cercanas a lugares poblados y de no haber cumplido determinados requisitos. Las eventuales penalidades, de ser encontrados responsables, son graves.

Por la autoridad que reviste un pronunciamiento de una Facultad como la de Ciencias Agropecuarias de la UNC, lo reproducimos textualmente a continuación.

Cambiemos temor por conocimiento.

Desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (FCA-UNC), creemos que en el sistema productivo actual, los agroquímicos son un insumo necesario para la producción de agroalimentos, así también estamos convencidos que su utilización debe estar en manos de profesionales, aquellos que dentro del marco legislativo vigente prescriban con precisión su aplicación y controlen su eficiencia, asegurando su actividad biológica y evitando los efectos indeseables.

El problema de Barrio Ituzaingó Anexo, desde sus orígenes –aproximadamente 10 años- presentó un panorama complicado, donde la realidad se conjugó mezclando intereses de diversa índole. A la fecha, los testimonios de enfermedades y muertes que existieron y existen no pueden ser atribuidas, de manera simplificada, exclusivamente a las pulverizaciones.

En la cadena de responsabilidades de fiscalización y control, no debemos obviar el rol desempeñado por los gobernantes de turno y "opinólogos" del momento. Aquellos que seducidos por las cámaras conducían la opinión pública sin suficientes fundamentos. En este sentido, reconocemos que si bien los plaguicidas son tóxicos, con un manejo apropiado no son suficientes para causar tantas muertes.

Al respecto, es muy difícil que se hayan utilizado insecticidas clorados prohibidos, ya que estos no se comercializan en el país desde hace mucho tiempo. Sin embargo, residuos de algunos de estos clorados pueden permanecer mucho tiempo en el suelo y en sustratos inertes.

De todos modos, lo que es indudable es que la aplicación de plaguicidas debe realizarse bajo estrictas condiciones de seguridad. Deben ser utilizados en el momento en que la plaga lo requiera, en las dosis justas y con la técnica de aplicación adecuada a cada caso particular.

Para esto existen los profesionales Ingenieros Agrónomos que somos los únicos jurídicamente habilitados para el manejo de las plagas agrícolas, actividad que se realiza en el marco de la legislación vigente.

Desde la FCA-UNC, los esfuerzos se focalizan en la capacitación de los estudiantes que luego serán los Ingenieros Agrónomos que deberán responsabilizarse de tales aplicaciones. Destaco además que el criterio profesional de un Ingeniero Agrónomo, es un conocimiento que se construye en el grado y se experimenta en la práctica a campo en el ejercicio de la profesión. Esta instancia de formación se complementa con variados ciclos de actualización, con el aporte de bibliografía especializada, original, que integra la información con la experiencia de un nutrido grupo de profesionales que avalan nuestra profesión.

Desde la Facultad, nuestro compromiso con los organismos de control se tradujo en el aporte concreto de una propuesta integradora de modificación del Decreto Reglamentario de la Ley Provincial de Agroquímicos (9164/04), instancia que comprende todos los temas contemplados en la Ley, algunos de los cuales no habían sido suficientemente cubiertos con el Decreto vigente. El documento final –respecto del cual hago referencia- fue realizado con participación de muchos profesionales, técnicos, docentes, de diferentes instituciones y organismos. A la fecha, no tenemos conocimiento de su puesta en vigencia.

Como seguramente el caso que hoy preocupa a la sociedad no es el único en el que confluyen distintos factores que producen contaminación ambiental, que conduce inexorablemente al deterioro de la salud de la población, desde nuestro lugar queremos poner a disposición de quienes lo necesiten todos estos elementos de capacitación, bajo el lema: CAMBIEMOS TEMOR POR CONOCIMIENTO.

Foto:tuverde.com