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Por Julieta Camandone

A mediados de febrero, en lo peor de la sequía del campo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó a los productores que pagaran un seguro agrícola para dejar “de rezar a Dios” y “pedir plata al Estado”. Inmediatamente, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, anunció que el Gobierno estudiaba la implementación de un seguro obligatorio para el sector, que podría comenzar a implementarse dentro de los próximos 90 días.

Vencido el plazo, y con los motores de la campaña 2012/13 ya encendidos, no hay ningún proyecto oficial para instrumentar la herramienta con la que el Gobierno pretende reemplazar la Emergencia Agropecuaria. Este instrumento permite diferir impuestos después de que el Ejecutivo aprueba la medida, por regiones geográficas que deben hacer sus presentaciones en caso de sequía.

Si bien desde el oficialismo, el Diputado Nacional por Formosa, Luis Basterra, que preside la Comisión de Agricultura, destacó que el tema seguros “es prioridad”, el único proyecto presentado para su tratamiento, desde las declaraciones de la Presidenta, lleva la firma de opositores.

El fuerte de las ventas de seguros agrícolas se da entre julio y septiembre y no es un período móvil, por la evolución natural de los cultivos. Por eso, desde el sector empresario dudan de que, sin avances, puedan ofrecer este año una herramienta distinta a la que existió hasta la campaña 2011/12 en materia de seguros agrícolas.

Para Fabiana Castiñeira, CEO de Allianz Argentina, la propuesta de un seguro general “es una iniciativa interesante”, pero el problema es que aún no se conoce el contenido.

“Necesitamos saber qué tipo de seguro sería, si cubriría rindes o costos, que tipos de desastres naturales estarían cubriéndose, cómo se cobraría y quien cómo controlaría el sistema”, explicó la empresaria.

Donde la discusión se traba es en la participación del Estado. Tanto la oposición como los trabajos técnicos presentados por empresas contemplan desde esquemas de fondos anticíclicos nutridos por productores, empresas y Estado, hasta subsidios a las primas. Pero el Gobierno no quiere disponer de fondos para financiar el sistema.

Cuando los tiempos aprietan, en las próximas semanas se presentará en sociedad el proyecto opositor, impulsado por el diputado radical Ricardo Buryaile. Propone un seguro voluntario, que coexiste con la Ley de Emergencia Agropecuaria y en el que hay incentivos fiscales para tomar la cobertura.

La iniciativa contempla una prima común a todo el país, y que el Estado se haga cargo de la prima en zonas de mayores riesgos climáticos. “Lo que se busca es, ante una emergencia, proteger la cadena de pagos”, indicó Buryaile.

En la Argentina, menos del 6% de las hectáreas cultivadas tiene una cobertura multirriesgo, que asegura al productor contra la falta de lluvias.

Por la falta de agua, esta campaña la cosecha de soja tendrá una caída mayor al 18% respecto de la producción del año pasado.

Fotos: Martín. G. Álzaga