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La Mesa de Enlace de Entre Ríos confirmó hoy mediante un comunicado de prensa que volverá a reclamar ante la Justicia por la suba del impuesto inmobiliario rural, alegando que el fallo de la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú no hizo referencia al planteamiento de los ruralistas.

“Por el presente la Mesa de Enlace de Entre Ríos a fin de llevar tranquilidad a las familias y productores rurales y echar un poco de luz a la información que se esta difundiendo en relación al fallo y a los alcances de éste; fallo dictado por la Cámara de Apelaciones en los Civil, Comercial y Laboral de Gualeguaychú ante la Acción de Amparo oportunamente interpuesta, INFORMAMOS que en el referido Amparo no se ha resuelto ni los jueces se han expedido sobre la cuestión de fondo".

A su vez, indicaron que el rechazo ha sido a la acción de amparo por considerar que no es la vía judicial más apropiada para discutir y dilucidar un asunto tan complejo, no al reclamo o planteo ruralista en sí mismo; y es el mismo Tribunal quien establece que el rechazo de la acción “no implica un juicio definitivo sobre la legitimidad de la pretensión sustancial de los amparistas en orden a los derechos que entienden asistirles la que podrá ser debatida y dilucidada por otras vías pertinentes”.

En  consecuencia, "con el asesoramiento de los profesionales que nos acompañan, analizadas las circunstancias de hecho y de derecho y convencidos de que existe un erróneo y un injusto cálculo y determinación del Impuesto Inmobiliario Rural para el período Fiscal 2012 recurriremos a la Justicia por otras vías y acciones disponibles, en busca de una respuesta favorable para el sector rural.”

Por otro lado, remarcaron que se ocultó información, catalogando dicha actitud como no acorde con la manda fijada en el artículo 13 de la Constitución Provincial. “Asimismo resulta favorable al reclamo sectorial y para toda la población en general lo dicho por los jueces en tanto reconocen que el Estado Provincial a través de la ATER ha dificultado y ocultado la información sobre los estudios y operaciones matemáticas y aritméticas efectuadas a fin de arribar al valor del Impuesto Inmobiliario Rural como así también de los padrones con los avalúos fiscales y del propio Decreto 486/12 que establece esos nuevos valores, entendiendo los sentenciantes que de dicho ocultamiento de la información resulta una actitud no acorde con la manda fijada en el art. 13 de la Constitución Provincial que reconoce a toda persona el derecho al acceso formal y gratuito a la información pública, completa, veraz, adecuada y oportuna”.

Finalmente, calificaron la sentencia como positiva, ya que la misma reconoce la legitimación de las entidades rurales como representantes de sus asociados. “La sentencia también es positiva al reconocer la legitimación activa de las entidades rurales como representantes de sus asociados y, fundamentalmente, resulta trascendente al acoger la Acción de Clase planteada, la cual tiene la característica de extender sus efectos a todos los afectados por la ilícita actividad del Estado", concluyó la información enviada a los medios.

Fotos: Estacionplus.com.ar