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Por Carlos Petroli

Si se confirman los últimos cálculos de superficie en la provincia (491 mil hectáreas), la participación triguera de Córdoba habría retrocedido varios escalones, de alrededor de un 18 por ciento a menos del 14 por ciento del total nacional.

Claro que, en este rubro, la provincia no configura ninguna excepción: la presencia del cereal en la canasta agrícola argentina no termina de romper marcas en su retroceso. Los últimos relevamientos arrojan apenas 3,6 millones de hectáreas para el ciclo 2012/2013.

Así, la brecha entre la situación actual y las previsiones 2010-2020 para esta cadena comienza a ensancharse.

Conviene repasar algunos números: la media de superficie en los últimos años se aproximó en Córdoba a las 800 mil hectáreas, con un piso de 335.000 en 2009/2010 (impacto de la sequía). Si en un año como el actual, relativamente aceptable desde el punto de vista climático –y ni hablar desde los precios internacionales– no se movió la aguja en las decisiones de siembra, resulta cuanto menos ilusorio prever que en 2013 se salte en la provincia a 800 mil hectáreas. Ese es el número redondo que figura en las metas del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA2) confeccionado por mandato de las autoridades nacionales.

Esas previsiones anotan para 2020 una producción en grano algo por encima de los dos millones de toneladas. En rigor, esta meta es poco ambiciosa si se tiene en cuenta que tal volumen ya fue superado holgadamente en el pasado.

También se prevé una evolución positiva en la capacidad industrial –en molinos y otros procesos–, para pasar de 1,3 millón actual a 1,8 millón de toneladas al final de la década. Las mejoras en genética y los incentivos de sectores de la demanda para segmentar calidades tampoco han sido señales suficientes para frenar los recortes tranqueras adentro.

El diagnóstico del PEA cordobés explica buena parte del problema: desde 2007, el mercado interno está inadecuadamente intervenido por el Gobierno, lo que genera incertidumbre en las opciones de comercialización y, por lo tanto, siembra más dudas que certezas para el productor. El esquema de intervención oficial (retenciones diferenciales, cupos de exportación y subsidios a la molinería) alcanzó algún efecto positivo por el lado de las exportaciones de harina. Casi se duplicaron en los últimos cuatro año: de 400-500 mil toneladas a cerca de un millón de toneladas.

Pero el costo fue demasiado oneroso. El dinero transferido a los molinos desde la entrada de vigencia de las compensaciones hasta comienzos de 2011 ascendió a 3.800 millones de pesos. Equivalieron a unos 150 pesos por tonelada, según el cálculo de economistas del Ieral-Fundación Mediterránea. El costo de las intervenciones dejó otro botón más preocupante: la superficie triguera no se recupera y la brecha con las metas de crecimiento se hace más amplia.

Foto: Martín. G. Álzaga