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El tema de las represalias españolas por la expropiación de YPF sigue al rojo vivo con el reciente anuncio de Repsol anunciando múltiples juicios en España, Argentina e incluso USA. Pero también sigue en amarillo vivo: este jueves (27/04), 2 agrupaciones de productores de Murcia y Alicante que le exigen al gobierno español que limite las importaciones del limón argentino, se anotaron un punto.

Jóvenes Agricultores y Asaja Murcia exigieron al gobierno que amplíe las medidas aprobadas por la expropiación de YPF con la prohibición de la entrada de limón argentino.

Según las organizaciones estas medidas son imprescindibles por, en su opinión, la alarmante crisis que atraviesa el sector limonero español. Los precios que han entregado a los productores durante la campaña de la variedad limón Fino han sido desastrosos y sólo han alcanzado los 0,12 euros/kilo en el primer corte, mientras que el resto se ha ofrecido casi a precio de regalo.

Además, alegan, cuando el limón argentino penetra en la UE alarga la campaña todo lo que puede y esta situación hace que el inicio de la campaña de limón Fino comience con precios muy bajos. Esta situación ha provocado una disminución de la superficie cultivada en España, que supone un problema por el aumento del desempleo -ya en récords históricos- y también para el medio ambiente, ya que el limón se posiciona como uno de los árboles más importantes en la fijación del CO2 de la atmósfera.

Ambas organizaciones agrarias alertan de que la cifra de campos abandonados seguirá en aumento si no se adoptan medidas urgentes, entre las que se exige un endurecimiento de la presión arancelaria hacia Argentina y que se den por finiquitadas las negociaciones del acuerdo con Mercosur.

Las organizaciones también piden a la Comisión y al Consejo de la Unión Europea que atienda la petición del Parlamento Europeo de suspender el sistema generalizado de preferencias (SGP), que supondría una subida arancelaria del 12,5 % al 16 % en el caso de las clementinas. Asimismo, consideran imprescindible que se proteja la producción en el territorio impidiendo importaciones de países terceros en los que no se producen con las mismas garantías alimenticias e, incluso, utilizan productos fitosanitarios prohibidos en nuestras fronteras desde hace una década.

Fotos: INTA