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Productores bonaerenses también van contra el aumento del inmobiliario
El poder ejecutivo de la provincia envío al senado un proyecto de ley que se llama “Fortalecimiento de finanzas municipales”. El proyecto incluye aumentos.
Alfredo Rodes, director ejecutivo de CARBAP, sostuvo que “en la Provincia de Buenos Aires el tema de los impuestos va avanzando. El Poder Ejecutivo envío al Senado un proyecto de ley que se llama “Fortalecimiento de finanzas municipales”. Sabemos que los municipios están medios flacos de dinero, y este programa pretende aumentar impuestos, entre ellos el inmobiliario, para fortalecer las finanzas municipales; esos son los fundamentos de la ley”.
El ruralista agregó que "nos encontramos con esta sorpresa de una nueva ley a 4 meses de sancionada la anterior. Los fundamentos de la ley toma ejemplos aislados. Nosotros sabemos y nos dicen que se pretende un plus de $300 millones sobre los $1.100 millones que se están cobrando pero cambian totalmente la metodología de cálculo del impuesto. Desde la gobernación de Solá en el 2006, el impuesto había dejado de tener a la tierra como un bien patrimonial. No se cobraba en base a valuaciones".
Estos últimos 6 años no se modificaron valuaciones fiscales y el impuesto se calculaba por zonas de productividad que había definido la administración. "Lo que se pretende con esto, y ya lo definió el consejo anterior, es que no estamos de acuerdo con un sistema que vuelva a revaluar las tierras y que el impuesto sea de base patrimonial. A nosotros el hecho de tener patrimonio en tierras no nos da ninguna seguridad de poder tener una renta. A veces eso es tremendamente escaso, producto del trabajo, las cosechas o del tiempo. Entonces no queremos tener un impuesto sujeto a lo que valen nuestras tierras, que pasan por otros parámetros", agregó.
Lo cierto es que con la ley fiscal 2012 todas las partidas del inmobiliario rural sufren un aumento del 27,7%, a lo que luego, una quita de bonificación por buen cumplimiento, que no fue conversada, llevo ese aumento a un 35%. O sea, de 2011 a 2012 hubo un aumento del 35%.
Este impuesto inmobiliario no es retroactivo a principio de año sino que empezaría a correr a partir de junio. Impactaría en las dos cuotas restantes del impuesto inmobiliario. Mientras que el que pagó todo el año es la gran pregunta.
"Yo recuerdo un antiguo administrador de rentas de hace muchos años que decía que la gente que se dedicaba a la horticultura, acerca de un country en Tortugas, debía vender sus tierras porque no podía dedicarse a eso, y quería aumentarle el impuesto. Nosotros estábamos en desacuerdo porque si primero estuvieron las quintas y después se revalorizó la zona, y la idea de ellos no era lotear y hacer country sino continuar con las quintas, no veíamos por qué le tenían que cobrar el impuesto. Si podría pagar impuesto cuando vende esa tierra. La administración de Solá tanto como de Scioli, entendió que en el trascurso de los años no era justo cobrarle al campo un impuesto en base al patrimonio. Tal es así, que 5/6 millones de hectáreas en el sur bonaerense que están bajo el marco de la ley de desarrollo del sudoeste bonaerense y tuvieron unas sequías brutales con campos improductivos, directamente no se les facturaba el impuesto", siguió en dialogo con Radio Colonia.
"Quiero aclarar que del 2006 al 2012 los aumentos que se han producido en el inmobiliario superan cualquier tipo de índice, sea soja, maíz, dólar oficial, de precios, etcétera. Hubo incrementos en estos años del 360%, computado el 2012 y no este que está en proyecto", concluyó.
Fotos: Martín. G. Álzaga
El pasado miércoles 16, el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso participó de una reunión de la Mesa de Trabajo para la Seguridad Rural con representantes de diferentes entidades que nucléan a los productores rurales, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir los delitos en las zonas rurales de la Provincia de Buenos Aires.
Lo resolvió la presidenta del directorio de gestión y funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof, Jimena López; se seguirá en el trabajo de una próxima licitación; había incertidumbre sobre la continuidad luego que trascendiera un supuesto interés del gobierno provincial de controlar un 30% de la operatoria. LA NACION - 26/09/2024
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