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Por Ezequiel Tambornini 

En marzo pasado se declararon exportaciones argentinas de maíz por un volumen de 2,34 millones de toneladas a un valor promedio ponderado de US$ 260 la tonelada. Con ese valor FOB, los productores que vendieron maíz el mes pasado, luego de descontar gastos de fobbing y un derecho de exportación del 20,0%, deberían haber cobrado al menos US$ 190. Pero en promedio sólo recibieron 160 dólares la tonelada (algunos cobraron menos que eso y otros más, dependiendo del volumen negociado y el momento de venta, pero en promedio el valor se ubicó en US$ 160).

Es decir: las filiales locales de las grandes compañías exportadoras de granos aplicaron un descuento del orden de 30 dólares la tonelada a las ofertas de los precios de maíz. Sólo si consideramos el volumen declarado en marzo pasado, esta suerte de "retención privada" que las compañías exportadoras cobran a los productores -de manera consensuada o oligopólica, como se prefiera- representa una cifra aproximada de 70 millones de dólares.

Este fenómeno, que comenzó a manifestarse en 2008 a partir de la intervención del mercado de granos implementada por el gobierno nacional, tiene su propio "relato" justificativo, el cual proviene de los propios voceros de las compañías exportadoras y dice así: el Gobierno, al impedir la libre exportación de cereales y cuotificar el saldo exportable, introduce un riesgo enorme que debe ser contemplado en la operación por medio de un descuento en el precio ofrecido al productor.

En sus comienzos, el planteo parecía razonable. Pero el hecho es que, al menos en los últimos dos años, el supuesto riesgo de la intervención oficial se ha transformado en rutina. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, reúne cada tanto a los integrantes de la denominada "mesa del maíz" (representantes de la exportación de granos y de industrias alimenticias que son grandes consumidoras de cereal) para establecer un determinado cupo de exportación y unos días después funcionarios de la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno (organismo controlado por Moreno) comienzan a repartir licencias de exportación de maíz (denominadas ROEs) entre las diferentes empresas solicitantes de las mismas.

La próxima reunión de la "mesa del maíz" tendrá lugar en algún momento de la segunda quincena del actual. Allí se definirá un nuevo cupo de exportación de maíz de la campaña 2011/12.

Quizás se emita un comunicado oficial que diga: "Se liberaron tantas toneladas..." Quizá no se diga nada. Luego las empresas exportadoras de granos presentarán las solicitudes de Roes y la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno tendrá unos cinco días hábiles para aprobar la operación. Ese es todo el riesgo.

Rindes en baja

En casi todas las regiones agrícolas argentinas el maíz sembrado en fecha convencional registró rindes bastante inferiores a los previstos a causa de restricciones hídricas.

Se trata de un cultivo que en el ciclo 2011/12 generará quebrantos en la mayor parte de las empresas agrícolas. Pero aún así, éstas deberán pagar, al momento de vender el cereal, tanto el derecho de exportación oficial (unos US$ 50 la tonelada el mes pasado) como la "retención privada".

Cuentas

Es curioso: muchos creen que éste es un problema exclusivo de los empresarios agrícolas. Son pocos los que, tomando sólo el ejemplo del mes pasado, se ponen a hacer las cuentas de la cantidad de camionetas, automóviles, sembradoras, cosechadoras, obras civiles, etcétera, etcétera, que se podrían vender con 70 millones de dólares.

Que se podrían vender, claro, pero que no se van a vender nunca.

Quizás algún día algún legislador o fiscal, inquietos por esta situación, comenzarán a investigar por qué el organismo encargado de distribuir licencias de exportación de granos se denomina Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno. Y si les queda algo más de tiempo, tal vez hasta se animen a averiguar qué sucede con esos 30 dólares la tonelada.

Fotos: Martín. G.Álzaga